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Opinión
domingo 16 de julio de 2017, 01:00

Salud de calidad

César Barreto Otazú, economista y directivo de Dende.

Es necesario reformar el sistema de salud de nuestro país a fin de garantizar el acceso oportuno a servicios de salud de calidad para todos los ciudadanos y asegurar que sea financieramente sostenible.

Garantizar acceso universal a servicios de salud con un financiamiento adecuado al menor costo posible para los ciudadanos no es una tarea fácil. Desde un modelo de provisión gratuita financiado con impuestos hasta un modelo de seguro universal autofinanciado coexisten en los distintos países.

Nosotros debemos encontrar un modelo que se adecue mejor a las condiciones iniciales que tenemos, buscando universalizar el acceso al mejorar sustancialmente la calidad del servicio a un costo razonable y lo más autofinanciado posible.

Con estas premisas, lo más óptimo sería convertir el régimen de seguro de salud actual del IPS en la base del sistema y que sea proveído en régimen de competencia con empresas de seguro de salud privadas y de libre elección para las personas, con una cobertura garantizada por ley igual para todos los participantes.

Un sistema autofinanciado complementado con algunos componentes para mejorar los servicios y dar cobertura no solamente a los asalariados del sector privado, sino también a independientes, funcionarios públicos y a personas que por su situación económica no pueden aportar a un seguro de salud.

Para ello son necesarias algunas reformas iniciales.

Primero, dividir el IPS en dos instituciones autónomas: uno, el Instituto de Salud Previsional (ISP) como única entidad pública encargada de la provisión de seguro de salud y de sus servicios complementarios; y, otro, la Administradora de Fondos Previsionales (AFP) encargada de la gestión de los sistemas de jubilación, pensión e invalidez.

Segundo, transferir la administración de todos los hospitales y centros de salud actualmente administrados por el Ministerio de Salud a la administración del Instituto de Salud Previsional (ISP).

Tercero, invertir en infraestructura hospitalaria y servicios complementarios suficientes para mejorar sustancialmente la calidad de los servicios de salud. Como entidad de seguro médico, puede subcontratar los servicios de proveedores independientes o de sanatorios privados para garantizar un servicio de calidad en todo el país.

Los recursos necesarios para financiar estas inversiones deben provenir inicialmente de transferencias directas del Gobierno Central con base en un plan de inversiones previamente aprobado.

Cuarto, y el más importante, convertir al Ministerio de Salud en el organismo rector de la política de salud del Estado y fortalecer a la Superintendencia de Salud con el poder regulatorio, de supervisión y los recursos técnicos suficientes para un control adecuado de la prestación de un servicio de calidad a costos razonables.

El financiamiento del sistema provendría de las siguientes fuentes:

a) Los trabajadores asalariados privados y públicos con un aporte obrero/patronal del 12%, lo mismo que los privados ya aportan actualmente.

b) Para los independientes, micros y pequeños empresarios, las entidades prestadoras de seguro médico deberán valorar el costo de la prestación del seguro en términos monetarios y fijarán una tarifa para acceder a los mismos beneficios de la cobertura. Estos costos deberán ser actualizados anualmente con base en la variación de costos de los servicios y verificados por la Superintendencia de Salud.

c) Las personas en situación de pobreza serán asegurados a cargo del Estado y la tarifa costeada por la Secretaria de Acción Social de tal manera a garantizar el acceso a los servicios de salud a toda la población independientemente de su condición económica o social. Estos subsidios estarán incluidos dentro de los programas de transferencias del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

d) El 20% de estos recursos irían a formar el Fondo Nacional de Cobertura de Enfermedades Catastróficas y Preexistentes.

Mi intención es contribuir a la construcción de un Estado que sea capaz de proveer los servicios públicos básicos a toda la población, con una buena calidad, de manera financieramente sostenible y así mejorar el bienestar de nuestra gente.