La fiscala Claudia Criscioni, en este momento recusada del caso desvío de fondos del MAG durante la administración de Enzo Cardozo, había solicitado, en fecha 11 de marzo de 2014, un informe al contralor general del Estado, Óscar Velázquez, junto a copias de la auditoría financiera y presupuestaria realizada al ente.
En una nota pidió la resolución CCR Nº 1243, de fecha 27 de diciembre del 2012, por la cual se dispone la realización de una auditoría financiera y presupuestaria al MAG, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, sin perjuicio de su ampliación, conforme al desarrollo del trabajo.
Asimismo, en la oportunidad había solicitado la copia de la resolución CGR Nº 841/13, por la cual se dispone la realización de un examen especial a la ejecución de fondos administrados por el MAG, transferidos en el marco de la ley que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el fondo para excelencia de la educación e investigación correspondiente al ejercicio fiscal 2012. Sin embargo esta resolución hasta la fecha no había salido a la luz.
En este examen especial, CGR determinó falencias en los estados contables, como la falta de comprobantes, cronograma de actividades especialmente de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenapropfh), que había solicitado la aprobación de un plan por valor de G. 83.377 millones, mediante un convenio firmando por el MAG. De ello el ente de agricultura solo pudo proveer un convenio firmando con gremio de agricultores por un valor de G. 7.500 millones.
“El equipo auditor no logró desentrañar el alcance de este desatino y mucho menos el móvil del mismo”, versa en el documento de auditoría.
