La acusación presentada es por la supuesta comisión de hecho punible de producción y utilización de documentos no auténticos y apunta a sindicalistas que se hacen pasar por empresarios.
Según explicó el viceministro de Transporte, Agustín Encina, los ómnibus bajo la lupa circulaban en el itinerario de las Líneas 53 y 59, pero sin estar en la lista autorizada por el ente regulador y supuestamente sin conocimientos de los explotadores adjudicados para el servicio.
El bus de la Línea 53, modelo 1992, utilizando documentos falsos habría obtenido una habilitación de la Municipalidad de Capiatá figurando como año de fabricación 1997. La unidad de la Línea 59 figura como 1994 en el Registro del Automotor, pero la Comuna de J. A. Saldívar la habilitó como del año 1996.
El año pasado, Transporte ya había denunciado ante la Fiscalía a una rosca mafiosa que adulteraba los documentos de los buses. El caso está en manos del agente Joan Paul López.