Todo comenzó cuando el mexicano Juan Salazar, propietario de la empresa SAMANO SA (encargada de comprar los lingotes de oro) le conoció a Manuel Portes, de nacionalidad dominicana, y al belga Marc André Didier, quien vendía y compraba aviones en la República Dominicana.
Luego Portes –quien fue deportado de los Estados Unidos por fraude– se presenta en nuestro país y empieza las negociaciones con despachantes y mineros.
Es así que conoce a Leonice Schenkel, brasileña, que a la fecha sigue prófuga de la Justicia. Esta, a su vez le presentó a Audelio Toledo, supuesto minero que se encargaba de administrar una discoteca, una radio comunitaria y hasta vendía productos falsificados y medicinales, ya que también era curandero.
El mismo residía en Villarrica y creó una empresa fantasma de nombre San Cayetano SA.
En ese ínterin apareció Gustavo O’Higgins, dueño de la empresa Allianz (de despachos aduaneros). O’Higgins inició los trámites legales, como, por ejemplo, el permiso aéreo para transportar la carga, cuál sería la ruta más conveniente, el costo de flete por traslado, etc. Salazar le pagó por este trabajo la suma de USD 30.000 por kilo de oro. Incluso se firmó el contrato entre Salazar y O’Higgins, saliendo de testigo Portes Medina.
El escrito refiere como primer objeto la “exportación de oro”. Sin embargo, los lingotes incautados contienen plata, bronce, zinc y un simple bañado de oro.
Sin embargo, Salazar alegó ante el Ministerio Público que él quería comprar oro y resaltó que no tenía conocimiento de que la mercadería en realidad no tenía el metal precioso como se había pactado.
Acotó que O’Higgins no cumplió con el tiempo establecido, por lo que decidió rescindir el contrato.
Indicó que inicialmente iban a exportar 30 kilos de oro, que aumentó a 112 kilos y, finalmente, a 489 kilos.
La carga iba a ser llevada hasta Panamá primeramente y luego hasta Hong Kong, donde se encontraba la empresa de Manuel Portes, en un avión privado que alquiló Salazar a Marc André Didier.
