Es que Sacyr puede llegar a incurrir en una “imposibilidad de lograr el cierre financiero”, es decir, no obtener el préstamo de los bancos internacionales para la construcción de la infraestructura vial, con lo cual habrá una resolución del contrato (queda sin efecto).
Si esto ocurre, el MOPC asumió el riesgo de pagar el exorbitante monto de 52 millones de dólares a la firma española, por las obras que se realizarán antes del acuerdo con los bancos financistas. Esto significa que el Estado pagará por los trabajos que se hayan hecho antes del cierre financiero, específicamente por el recapado del tramo 0, desde San Lorenzo hasta Ypacaraí, el proyecto constructivo, estudios de impacto ambiental, entre otros (ver facsímil). Además, en este escenario, la duplicación no se concretará.
El consorcio liderado por Sacyr presentó cartas de financiamiento de cinco bancos, de las cuales tres son internacionales y dos locales. Se trata de los estadounidenses JP Morgan y Goldman Sachs, la Cooperación Interamericana de Inversiones, que es la banca privada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los bancos locales Continental y Regional. Aunque se presentaron las cartas de interés, aún no es seguro que puedan llegar a financiar la duplicación.
INCUMPLIMIENTO. Los antecedentes de incumplimiento y problemas judiciales de la compañía española en diferentes países, como España, Colombia, Panamá y Chile, no fueron suficientes para frenar el proceso de rutas 2 y 7, cuyo contrato se firmó hace unas semanas. Según denuncias, el MOPC violó la propia Ley APP, ya que la normativa prohíbe la participación de empresas que incumplieron contratos, ya sea en sus países de origen, a nivel local o que tengan conflictos judiciales.
Para la firma del contrato se creó la SOE (Sociedad de Objeto Específico), cuya denominación es Consorcio Rutas del Este, y se encargará de duplicar y cobrar el peaje en ambas carreteras. De esta sociedad, Sacyr lidera con un 60% de participación accionaria y el resto corresponde a sus socios Mota Engil de Portugal (20%) y Ocho A (20%).
Si se consigue el préstamo, en total se intervendrán 170 km desde San Lorenzo hasta Pastoreo (inicio de la concesión de Tapé Porã), en el Departamento de Caaguazú, y requerirá de una inversión de USD 527 millones (monto de la adjudicación).
La obra debe arrancar en el mes de junio con el recapado del tramo desde San Lorenzo-Ypacaraí. La duplicación desde Ypacaraí comenzará en nueve meses, luego del cierre financiero con las entidades financistas.
