“Tenemos que esperar que el juez acepte la imputación e imponga medidas”, explicó el canciller nacional, Eladio Loizaga, consultado respecto a si el diplomático ya fue suspendido en el cargo, mientras se investiga el caso.
El abogado Dionisio Duré, encargado del Departamento de Procuraduría Juridicial, de la Dirección General de Asuntos Legales de la Cancillería, explicó que tomaron conocimiento de que el Juzgado de Garantías N° 12 dio entrada a la imputación de Castillo por parte de la fiscala Sonia Pereira y que la Cancillería debe aguardar que el juez a cargo, Julián López, admita la imputación e imponga medidas, para poder aplicar el artículo 43 de la Ley de la Función Pública.
Esta establece que cuando un funcionario público fuera imputado de hechos tipificados como punibles será suspendido en el cargo por el tiempo que dure el proceso. “Si hubiese sido absuelto o sobreseído definitivamente en el proceso penal respectivo, el funcionario será repuesto en el cargo que desempeñaba en el tiempo de la suspensión o en otro equivalente”. El canciller señaló que se respeta el derecho a la presunción de inocencia.