El proyecto contó con media sanción de la Cámara de Diputados, el 6 de diciembre de 2016, sancionado por la Cámara Alta, el 19 de mayo de 2017 y promulgado por el Ejecutivo esta semana.
La propuesta establece un registro que servirá como sistema de protección para los usuarios del servicio contra los abusos que se producen en el procedimiento de contacto, con fines promocionales, de oferta, compra, venta de bienes y servicios, entre otros.
En la argumentación se señala que la ley otorga la potestad al usuario de decidir si quiere o no recibir algún tipo de publicidad, considerando que en la actualidad no existe ningún mecanismo de restricción.
Permitirá además al usuario de línea telefónica móvil, con la inscripción al registro, evitar que lo llamen y lo mensajeen, de manera a salvaguardar su derecho a la intimidad, amparados en la ley, según menciona el documento.
Ya en la exposición de motivos del proyecto, Óscar Tuma había dicho en su momento que para la elaboración consideró que en la actualidad no se tiene la posibilidad de contar con una herramienta que le ayude a decidir si quiere dejar de recibir propagandas.
De este modo, existen varias denuncias de descontento por parte de usuarios, por la arbitrariedad y el modo constante en que se recepcionan los mensajes, causando molestias e inconvenientes.
Tuma había indicado que las publicidades no constituyen un negocio para los usuarios.
