Las alianzas público privadas como mecanismo de financiamiento de infraestructura llevan alrededor de 30 años de implementación en el mundo.
A pesar de ello se tienen pocas evaluaciones que aseguren sus beneficios de manera integral. Las evaluaciones de eficiencia muestran casos positivos y negativos, ya que no siempre el mercado es tan eficiente como supone la teoría.
Un hecho confirmado es que el financiamiento recibido por el sector privado para realizar estas obras suele ser más costoso que el financiamiento del sector público. Las tasas que debe pagar un privado a la banca comercial suelen ser más altas que las tasas pagadas por los gobiernos a través de créditos con garantía soberana o al emitir bonos.
Un vacío importante es la información sobre el impacto fiscal. No se sabe con exactitud cuánto les están costando a los estados, sobre todo a largo plazo, las APP. Por otro lado, existe evidencia de sobrecostos.
Otro de los riesgos es el de la generación de pasivos contingentes derivados del mal diseño de los proyectos que terminan generando obligaciones al Estado que no estaban calculados previamente.
Los casos emblemáticos señalados por la bibliografía son España y Portugal, donde el uso extensivo de las APP llevó al exceso de inversión en infraestructura doméstica, contribuyendo a las crisis financieras de estos países.
La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) señala que los países deben contar con un conjunto riguroso de proyectos y un buen clima de inversión para garantizar una competencia suficiente en el mercado para lograr buenos resultados con las APP. Por lo pronto, en el caso de la actual propuesta de APP ya no hubo suficiente competencia.
Un reciente informe para Paraguay del Fondo Monetario Internacional señaló la importancia de asegurar la transparencia de los contratos y la evaluación prudente de los riesgos contingentes como parte del proceso presupuestario.
El factor común de las APP exitosas en aumento de la cobertura y eficiencia a la vez fue la existencia de un sector público fuerte en capacidad de supervisión y con un servicio civil profesionalizado.
Hay que recordar que Paraguay, en los indicadores internacionales, se encuentra en los últimos lugares cuando se trata de calidad institucional en materia de servicio civil.
Los datos preliminares acerca de los costos para el Estado de las rutas 2 y 7 parecen confirmar la alta probabilidad de que los riesgos señalados por la evidencia empírica internacional se conviertan en realidad en Paraguay, con las implicancias negativas que ello significa para el futuro del país. El Gobierno debe ser cuidadoso en las obras que pretende implementar y en la forma en que las va a financiar. El afán coyuntural de ganar rédito político no puede estar por encima del interés general ni de la sostenibilidad del desarrollo a largo plazo.
