El Paraguay es rico en reservas de agua. El Acuífero Guaraní –que cubre buena parte del suelo de la Región Oriental– y el del Estero Patiño, en el entorno de Asunción, son un patrimonio valioso.
Con esa fortuna natural que, en teoría, pone el recurso hídrico al alcance de todos –siempre y cuando los que gestionan el bienestar comunitario tomen las medidas de tratamiento necesarias para que estén al servicio de la gente– en el Paraguay no tendrían que existir personas que beban agua contaminada.
Sin embargo, en muchas poblaciones indígenas y campesinas se ignora el derecho al acceso a ese preciado bien de la naturaleza. Así se deja de lado el artículo 63 de la Constitución que dice que “el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”.
La denuncia, publicada por Última Hora, de que en Bahía Negra, Alto Paraguay, existen comunidades indígenas que toman agua del muy contaminado río Paraguay y que beben agua no correctamente potabilizada vuelve a poner ante la consideración de la opinión pública un problema acuciante al que los políticos no le dan importancia, enredados como están en sus rencillas particulares y sus campañas partidarias.
Los legisladores que vagan por el mundo con la excusa de viajar a eventos trascendentes, en vez de hacer turismo con la plata de los contribuyentes, tendrían que dedicarse a idear e implementar respuestas a la necesidad del agua potable.
Los municipios, las gobernaciones y el Gobierno de la República no están exentos de responsabilidad por ese abandono crónico que sufren muchos paraguayos. En el caso puntual de Bahía Negra, sus autoridades municipales son las directas culpables de la expresión de inhumanidad concretada en la falta de agua completamente saludable para sus habitantes.
Esto es inaceptable, sobre todo en el Alto Paraguay, zona que guarda el gran tesoro que es el Pantanal, la red de humedales más extensa del planeta, y que provee la mayor cantidad de agua dulce. La realidad muestra su peor cara de ironía, ya que los pobladores de esta región del país reciben en sus casas agua no potabilizada.
El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) es el que hace tiempo debió haber liderado un emprendimiento nacional con el propósito de resolver el problema. Su ineficacia es tan grande que hay lugares cercanos a la capital que son proveídos por aguateras que no garantizan del todo la calidad de la mercancía que proveen a precios no siempre razonables.
Los datos sobre la gestión son bien contundentes: En Paraguay, un 75% del total de población cuenta con servicio de redes, mientras que el 34% consume agua contaminada, según el reporte de este año de Erssan.
El caso de Bahía Negra tiene que servir para concienciar a todo el país –en particular, a los que carecen del servicio de agua potable– de que las instituciones del Estado están obligadas a proporcionar agua potabilizada a todos, reclamando con vehemencia a las autoridades que resuelvan ese atropello a la dignidad humana.