El magistrado solicitó, supuestamente, a través de su secretario una coima de 3 mil dólares para conceder medidas alternativas a la prisión en un caso de accidente de tránsito fatal. Los camaristas Antonia López, Irma Alfonso de Bogarín y Clara Estigarribia Mallada, con voto dividido, revocaron el fallo del 11 de julio del año pasado, dictado por la jueza Lici Teresita Sánchez.
En aquella ocasión, la jueza había rechazado la prescripción de la causa, pero hizo lugar a la extinción del proceso y, con ello, el sobreseimiento definitivo de su colega Roberto Martínez.
No obstante, el fiscal Luis Lionel Piñánez había apelado el fallo, ya que ponía fin al procedimiento.
La camarista Antonia López votó por declarar inadmisible el recurso de apelación, porque fue planteado en forma extemporánea.
Por su parte, la camarista Irma Alfonso entendió que la notificación se dio recién cuando el fiscal retiró la copia autenticada del documento, con lo que el fallo fue apelado dentro del plazo y debía ser estudiado. Después, refirió que la jueza hizo un cálculo erróneo del plazo, teniendo en cuenta que no contabilizó el recurso extraordinario de casación. Con ello, votó por revocar el fallo. A esta posición se adhirió su colega Estigarribia Mallada, que señala que la casación duró desde el 17 de febrero del 2011 hasta el 23 de diciembre del 2013. Alegaron que este plazo no fue considerado, con lo que revocaron la resolución de la jueza Lici Sánchez. También, apuntaron que se debe remitir a un juzgado que dicte una resolución válida.
hace ocho años. En la causa fueron imputados por extorsión y estafa el funcionario judicial Osvaldo Britos y el juez Roberto Martínez. Según la denuncia del abogado Héctor Torres, Britos le pidió para el juez 3 mil dólares, para que Norman Duksen fuese beneficiado con el arresto domiciliario, en un caso de homicidio en accidente de tránsito. La suma luego fue reducida a 1.500 dólares y en un operativo encubierto Britos fue detenido con el fajo.
