Hoy se cumplen 432 días desde que el colono menonita Abrahán Fehr fue secuestrado en la colonia Manitoba, y 78 días desde que el joven productor también menonita Franz Wiebe fue llevado de la colonia Río Verde, ambos del Departamento de San Pedro, secuestrados por miembros del grupo criminal armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), sin que se hayan producido resultados tendientes a lograr su liberación.
La situación de inseguridad provocada por el cautiverio de ambos productores (junto al del policía Edelio Morínigo, también cautivo del EPP desde hace 831 días), ha provocado un efecto negativo en la producción agropecuaria en las colonias menonitas de San Pedro, principalmente en Manitoba, Santa Clara, Río Verde y Nuevo México, restando en un 30% el volumen de cultivos de soja, maíz y girasol, así como la producción lechera, según un reporte del corresponsal de Última Hora en la región.
El motivo principal de esta disminución es el temor de que se produzcan más ataques y secuestros por parte de los integrantes del grupo armado. Anteriormente, los colonos trabajaban desde la madrugada hasta la noche, pero ante las continuas amenazas que reciben, deben esperar que haya plena luz del sol para salir hasta las chacras más distantes, en muchos casos rodeados de zonas boscosas, y solo trabajan hasta la mitad de la tarde, para no permanecer expuestos.
Inclusive, muchas de las familias de productores menonitas han señalado su intención de abandonar el país y mudarse a Bolivia si no se lograr restablecer un clima de seguridad y confianza para poder trabajar.
Es necesario que las autoridades, principalmente del Poder Ejecutivo, pero también del Legislativo y Judicial, tomen con más seriedad lo que está ocurriendo en la zona Norte del país. Ante la demostrada falta de resultados de los miembros policiales y militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de poner fin a las incursiones y los ataques del EPP, y mucho menos en lograr la liberación de los secuestrados, al menos deben adoptar sistemas de protección que puedan brindar más seguridad a los productores de la región.
Permitir que se retenga ilegalmente contra su voluntad a tres ciudadanos durante un tiempo tan prolongado, y que igualmente se impida a numerosos pobladores poder cultivar y producir, implica en la práctica entregar la soberanía de una parte importante del territorio nacional a un grupo criminal armado. Es una situación que no solo provoca inseguridad, sino que tiene efectos concretos en la economía, proyectando un panorama desolador para la zona. Urge que el Gobierno redoble los esfuerzos por devolver la paz y la tranquilidad a los pobladores.
