El cargo de “docente-investigador” fue asignado por Resolución del entonces rector, ingeniero Pedro González Nº 1189/20/ 6/2012, con un salario mucho menor a la cifra publicada. Este ascenso se consideró “la solución administrativa” a la demanda de restitución al cargo de secretario general de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, tras la cesantía dispuesta por Resolución 17/75, del 19/1/ 1975, por el rector Dionisio González Torres y suscripta por el secretario Gilberto Benítez Barrientos.
Mi relación con la UNA fue por mérito y careció de favoritismo y nunca estuvo vinculada a la corrupción. Egresado con medalla de oro de la Escuela Nacional de Agronomía, ingresé a los 22 años a la entonces Facultad de Agronomía y Veterinaria como auxiliar de Secretaría el 28/1/1959 en decanato del Dr. C. Arsenio Vasconsellos. Ascendí a secretario el 2/5/1962, cuando obtuve el título de licenciado en Pedagogía. Un año más tarde, el 27/6/1963, fui promovido a secretario general de la Facultad. Egresado de abogado y especializado en Derecho Laboral, ingresé a la cátedra de Legislación Rural en la Facultad de Agronomía, el 10/10/1970.
Gané la beca del Gobierno de Argentina y realicé mi doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata, con permiso sin goce de sueldo de la UNA. Aprobé la tesis en 1974. El 26/11/1974 fui secuestrado y encarcelado en el marco de la política represiva de la dictadura stronista.
Por otra parte, el proceso en busca de reparación y en particular la restitución de mi cargo acorde con la Resolución 60/147 del 16/12/2005 de la ONU, lo inicié a mi regreso de 14 años de exilio con gestiones ante el Ministerio de Hacienda a cargo de Carlos Facetti, quien rechazó mi demanda por salarios caídos e indemnización por daños y perjuicios con 15 años de aportes jubilatorios.
En 1995 acudí al rector Dr. Luis Berganza, quien instruyó al decano de Ciencias Veterinarias, Dr. Froilán Peralta, y fui contratado anualmente a partir de 1996, como asesor pedagógico y auxiliar de cátedra de Legislación Rural con salario mínimo de docente. Situación en la que permanecí hasta el 2011. En 2010 solicité a la secretaria de la Función Pública (expediente 2454/2011), su intervención para lograr una jubilación razonable. La misma se declaró incompetente con relación a la Universidad y en el dictamen OCAl Nº 26/11 sostuvo que la petición tiene respaldo en la Ley 56/89, art 9) y Ley 69/1989, art. 10, en la Resolución 2005/03 de la Comisión de DDHI-I de la ONU y la Resolución del Consejo Económico y Social 2005/35 que señala la obligación de los Estados “a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de los DDHH, mediante una reparación plena y efectiva.
Fundamentado en la legislación señalada el 20/07/2011 solicité una recategorización “por daño a un proyecto de vida al solo efecto de una jubilación razonable”.
El Consejo Superior Universitario, 20)6/ 2012 por resolución indicada al inicio, me designó docente investigador en acuerdo con la Facultad de Ciencias Veterinarias. Recibí personalmente la comunicación del rector de la UNA, Pedro González, quien me explicó que las funciones serían acordes con mi perfil académico y trayectoria personal, y debían cumplirse a nivel de posgrado en el Rectorado y no implicaba una relación con el director de Investigaciones de la Facultad de Veterinaria y se concentrarían en la educación y los DDHH, conforme a las recomendaciones de la CDI y a las prescripciones de reparación de la legislación nacional e internacional.
DR. MARTÍN ALMADA
C.l. 170 804.
