En base a la Ley Nº 4743/12 “Que regula el financiamiento político”, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) remitió a la CGR documentos para que audite las rendiciones de ingresos y gastos de campaña de los partidos, movimientos, concertaciones y alianzas que participaron en las elecciones municipales del año pasado.
IRREGULARIDADES. La Contraloría detectó irregularidades en todos los informes presentados, especialmente en el de los partidos tradicionales, que manejan grandes cifras.
En las rendiciones figuran pagos a encuestadoras, cosa que no se puede realizar con los aportes estatales; también fueron objetadas facturas con timbrados vencidos, sin detalles de servicios, sin fecha, con enmiendas, adulteradas, a nombre de terceros, o con descripción del bien sin coincidencia con la actividad de la empresa proveedora.
Otros vicios son los gastos respaldados con documentos no contemplados como comprobantes de venta, o sea, recibos comunes. Además existen diferencias considerables entre los informes de gastos y los documentos rendidos al respecto, así como también gastos que no son electorales.
OTROS. Otro de los partidos que cuentan con irregularidades en su rendición es la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), cuyo monto total de dinero, considerado por la CGR como no rendido correctamente, es de G. 135.447.352.
La mayor parte del dinero mal rendido proviene de gastos electorales realizados fuera del plazo establecido, que en total suman G. 117.032.352.
La concertación Juntos Podemos, por su parte, cuenta con un total de G. 61.598.520 en dinero mal rendido, la mayor parte en autofacturas sin nombre y gastos no considerados como electorales.
En el caso de la concertación Frente Guasu, G. 19.391.480 es la suma de dinero mal rendido, cuya mayor parte se encuentra en la diferencia entre el informe de gastos y los documentos rendidos.
APORTES PRIVADOS. La Contraloría realizó los controles en base a las documentaciones presentadas sobre los gastos y considerando los aportes del Estado a los grupos políticos. Sin embargo, aclara que no tuvo en cuenta los aportes privados a los partidos por considerar que no se encuentran dentro de su competencia.
En este ámbito, existen partidos como el PLRA y el Unace, que emitieron bonos millonarios para financiar sus campañas electorales, en el primer caso por G. 10.000 millones y en el segundo por más de G. 5.000 millones. En ninguna rendición figura en manos de quiénes quedaron estos bonos que pagan hasta intereses a los portadores.
Estos bonos no fueron auditados por el TSJE o la CGR pese a la prohibición explícita de la ley de que existan contribuyentes anónimos.
