“Establecer sanciones penales para la evasión de impuestos debe ser parte de una estrategia integral que considere este delito como un fenómeno complejo involucrando todas las dimensiones relevantes de la economía”, indicó el experto independiente Juan Pablo Bohoslavsky.
Bohoslavsky, que desde 2014 es el relator especial de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos, llegó a Panamá el 2 de mayo para elaborar un informe sobre el impacto del fraude fiscal en los derechos humanos, que se planteó a raíz del escándalo de las sociedades “offshore” y que será discutido en marzo de 2018 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Aquellos obligados a reportar transacciones sospechosas no están obligados a prestar atención a si los impuestos involucrados han sido pagados o no. El sistema entero de reporte de transacciones sospechosas parece no comprehender la dimensión fiscal fundamental del más amplio problema de flujos financieros ilícitos”, afirmó.
Según el especialista, el 80 % de los flujos ilícitos del mundo provienen de operaciones que evaden el fisco, de ahí la importancia de considerar el fraude fiscal un delito penal en todo el mundo.
“Desde mi punto de vista, esta brecha necesita ser cerrada dentro de la regulación panameña sin dilación”, recomendó el experto en una rueda de prensa en la capital panameña.
La publicación en abril de 2016 de la base de datos del bufete panameño Mossack Fonseca reveló que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este despacho para crear sociedades en distintos paraísos fiscales y supuestamente evadir impuestos.
El escándalo desató todo un vendaval de críticas contra el país por su supuesta falta de transparencia y su primera consecuencia fue la decisión de Francia de volver a incluir a la nación centroamericana en su lista de paraísos fiscales.
“Se trata verdaderamente de un problema internacional. Solamente el esfuerzo concertado de los países puede redundar en resultados concretos en la lucha contra la opacidad (...). No se trata exclusivamente de Panamá, no se trata exclusivamente de un problema de países en desarrollo”, reconoció.
El relator de la ONU también explicó que la exclusión de la evasión fiscal en el código penal tiene un coste reputacional y fomenta la desigualdad.
“La política fiscal es una herramienta poderosa que los Gobiernos pueden utilizar para abordar la exclusión y la desigualdad, y para asegurar que ningún grupo acapare los beneficios del crecimiento”.
A pesar de que el crecimiento económico de Panamá registra una clara tendencia a la desaceleración, el país sigue siendo uno de los grandes motores regionales. En 2016 su producto interior bruto (PIB) creció un 4,9 %, frente a la expansión del 5,8 % registrada en 2015.
Sin embargo, tiene una de las tasas de desigualdad más altas de la región, con un índice de Gini del 50,7 en 2014, y una proporción de impuestos/PIB del 16,2 %, frente a la media latinoamericana del 22,5 % registrada en 2015.
“La riqueza y los ingresos continúan fuertemente estratificados e indican una profunda desigualdad y exclusión. Hay un pequeño grupo urbano rico, un grupo urbano pobre, un Panamá rural más pobre y un grupo indígena”, concluyó Bohoslavsky.
