Los registros fueron ordenados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que ha identificado indicios de irregularidades en las cuentas de campaña en un proceso que puede costarle el mandato a Temer, que en agosto pasado asumió la Presidencia de forma definitiva después de que el Congreso despojara de su mandato a Rousseff tras un juicio político destituyente.
Las tres empresas son Rede Seg Gráfica, VTPB Serviços Gráficos y Focal Confecçao y Comunicaçao, que ofrecieron servicios a la campaña electoral de Rousseff-Temer.
Los magistrados electorales intentan establecer si tales empresas tienen capacidad para ofrecer los servicios que supuestamente prestaron a la campaña electoral vencedora en las elecciones presidenciales de 2014, confirmaron hoy fuentes del tribunal.
Además de ordenar el registro de las empresas, el magistrado responsable del caso, Herman Benjamin, también autorizó el levantamiento del secreto fiscal de otras empresas y personas contra las que surgieron “indicios de irregularidades en la prestación de las cuentas electorales”.
Según un informe divulgado el 15 de diciembre por el Tribunal Superior Electoral, una auditoría de las cuentas de las gráficas investigadas ya permitió identificar indicios de fraude y de desvíos de recursos en la campaña electoral.
De acuerdo con el citado informe, ninguna de las tres empresas consiguió demostrar que efectivamente realizó el trabajo para el que fue contratada, por lo que se sospecha que fueron usadas para desviar recursos de procedencia ilegal.
Las gráficas son sospechosas de haber servido de fachada para el desvío de 53 millones de reales (unos 16 millones de dólares).
Desde que asumió la Presidencia de forma definitiva, Temer alega ante la corte electoral que no se le puede sancionar por posibles irregularidades en las cuentas de la campaña de Rousseff en las que, dice, tan sólo era un auxiliar.
El jefe de Estado asegura que las cuentas de la campaña eran administradas por el Partido de los Trabajadores (PT), la formación liderada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y que postuló a Rousseff, su ahijada política y sucesora.
El Tribunal, por su parte, alega que Temer era corresponsable por las cuentas de la campaña y que, en caso de que compruebe alguna irregularidad, tendría que anular las elecciones de 2014 y cesar al actual presidente.
En una rueda de prensa que concedió la semana pasada, Temer aseguró que, aún si fuera declarado culpable de financiación ilegal de campañas, llegará al final de su mandato, el 1 de enero de 2019.
“Si hubiera una sentencia definitiva, será acatada”, pero, agregó, todo fallo “puede ser y sería apelado”, con lo que un proceso de ese tipo se extendería más allá de enero de 2019.
Además de la investigación por las irregularidades en la contratación de tres gráficas, Temer fue acusado por un delator que colabora con la Justicia de haberle solicitado a la constructora Odebrecht la suma de 10 millones de reales (unos tres millones de dólares) en nombre del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) para la campaña de 2014 de esa formación, que presidía en la época.
