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Economía
martes 26 de julio de 2016, 01:00

Refundar y mantener nuestra democracia

Escuelas y centros de salud que se derrumban, rutas que se destruyen o colapsan mucho antes de cumplirse su vida útil, leyes y regulaciones absurdas que son inaplicables o producen efectos opuestos a los proclamados: son síntomas de una Administración Pública que se derrumba cada día un poco más, sin que sucesivos gobiernos hayan conseguido revertir esa tendencia.

Las rutas y las edificaciones son muestras emblemáticas. El Gobierno central y los gobiernos locales adjudican las obras, a menudo a contratistas ligados a los políticos, y aun cuando así no sea, la responsabilidad de las empresas no va más allá de un corto periodo después de su culminación, y luego quedan libradas a la buena de Dios. Una verdad de hierro es que toda obra material requiere de un continuo mantenimiento, como ocurre con las construcciones privadas.

Pero esta misma premisa se aplica también a todas las políticas públicas, a las entidades y los poderes del Estado. En un sentido más amplio, se aplica a la democracia ardua y sufridamente lograda hace menos de tres décadas. Hemos logrado construir una democracia, pero no nos hemos puesto el afán de mantenerla.

A Benjamín Franklin, uno de los artífices de la Constitución norteamericana, alguien le preguntó al salir de la asamblea constituyente cuál era el resultado: “Una República, si es que conseguimos mantenerla”, respondió aquel. En ese cónclave se habían descartado otras opciones, como una monarquía constitucional, pero la alternativa republicana y democrática era un experimento nuevo, con lejanos antecedentes en Grecia y Roma.

Nada es para siempre, como lo afirmó el Maestro: “Mi reino no es de este mundo”. Las construcciones humanas –materiales, espirituales, institucionales, ideológicas– requieren una adecuación permanente a nuevas realidades, que están en permanente cambio.

Aun la Iglesia se ha ido reformando a lo largo de los siglos, al igual que las comunidades religiosas, que construyen sobre el cimiento de sus fundadores, pero afrontando nuevos y diferentes desafíos a los que les dieron origen.

En este contexto, una reforma constitucional no debería ser motivo de temor o de recelo. Pero sin embargo lo es, porque tal como se está planteando en estos días, no parece inspirada en una reconstrucción y consolidación de la democracia, sino en intereses mezquinos de grupos de poder que pretenden mantener sus espacios, sus prebendas y privilegios. Como premisa esencial, debería acordarse previamente que ninguna modificación sobre la reelección debería entrar en vigencia, sino al término del próximo periodo constitucional que se inicia en 2018.

Por lo demás, se debe dar un plazo prudencial para el debate y las propuestas de los sectores de la ciudadanía, no limitados a los partidos políticos. Debe consultarse también el parecer de destacados juristas y profesionales nacionales e internacionales, y recabar experiencias de otras constituciones de la región y el mundo.

Aun así, por más perfecto que sea el texto constitucional, hay que tener conciencia de que es solo el cimiento de la democracia y no la construcción en sí. Lo que se construya sobre él es responsabilidad de las organizaciones políticas o sociales, las que, ya desde ahora, debieran empezar a debatir las necesidades y aspiraciones que deben ser contempladas en una nueva Carta Magna.