La política más importante que ha tenido este Gobierno se sustenta en el aumento del gasto público en infraestructura. Lo cual hubiera sido un legado histórico si no apelaba a un desenfrenado endeudamiento que actualmente no solo se destina a financiar infraestructura sino también deudas anteriores. Fue sumamente irresponsable diseñar e iniciar obras sin haber considerado fuentes genuinas de financiamiento. No es legítimo tratar de ganar rédito político a costa de hipotecar el bienestar de las generaciones futuras y sin asumir los costos políticos que conlleva cualquier decisión política por buena que esta sea.
Si el Gobierno quería dejar un país diferente en materia de infraestructura debía, paralelamente, plantear una reforma tributaria estructural que garantice el financiamiento de las mismas en el corto, mediano y largo plazo. Y no como lo está haciendo ahora, que quiere llevarse los aplausos y dejarles a los posteriores gobiernos y generaciones la responsabilidad del pago.
Las medidas que el Gobierno ha planteado son intrascendentes por los montos que implican. El argumento de que está conteniendo el gasto en servicios personales es cierto solo en parte. Este gasto no se redujo, solo está creciendo menos rápido. Pero, por otro lado, implementó la matriz salarial que generó mayores desigualdades al interior del sector público y volvió más rígido aún el presupuesto.
La eliminación de las gratificaciones, si bien puede ser una medida importante en términos de reducir premios que no están vinculados a los mejores resultados de la gestión, no es significativo a la hora de enfrentar los compromisos asumidos en los contratos de obras y en las deudas contraídas. Las reformas tributarias planteadas también tienen escaso impacto en las recaudaciones ya que se centran en los contribuyentes de menores recursos o si llegan al gran contribuyente, la recaudación adicional de todas maneras no aumenta en el ritmo de las necesidades en que se incrementa el gasto. Por otro lado, algunas de las reformas realizadas golpean más a los contribuyentes de menores recursos.
En este contexto, no solo se deterioran las finanzas públicas, sino que el resultado final puede ser un agravamiento de la desigualdad que de por sí es grosera en Paraguay. El riesgo de que solo sectores minoritarios de la economía se beneficien con el mayor gasto en infraestructura, mientras que el peso del pago de la misma recaiga sobre todos, es alto.
El efecto positivo que este Gobierno quiso crear con las grandes obras de infraestructura se empezó a diluir con el aumento desproporcionado de la deuda, situación que se agrava porque no da señales importantes sobre cómo solucionar el problema en lo que resta de su gestión y en los próximos años.
