Mucho antes que sus dos inmediatos predecesores, el presidente Horacio Cartes ya está inmerso en la jugada de la reelección; la cual, de por sí, distrae porque desvía la atención de los asuntos prioritarios, y concentra el interés y las acciones de los políticos en un tema que requiere ver resultados, como condición previa.
Nicanor Duarte Frutos lo hizo intensamente en el 2006; Fernando Lugo, en el 2011. Ambos, transcurridos tres años de mandato.
Lugo, con el antecedente de que antes de perfilarse como candidato a presidente, había encabezado una multitudinaria marcha de “resistencia ciudadana” en contra de la pretensión de Duarte Frutos de continuar en el cargo en un segundo mandato.
Como siempre, para guardar las apariencias, este asunto no surge directamente del interesado. Aunque cae de maduro que si no hubiera un guiño de complicidad de parte de este, nadie se atrevería a plantearlo, tan abiertamente.
Esta vez, los promotores de la previsible idea de la reelección en el escenario político nacional viene de manos de los gobernadores del país, y la excusa es por qué los intendentes sí pueden ser reelectos, y ellos ni el jefe de Estado, no.
Por supuesto, no faltan los argumentos tradicionales: son pocos los 5 años que dura el periodo presidencial para imprimir los cambios estructurales que requiere el Paraguay. Además, ¿por qué no reelegir a un gobernante, si este ha realizado una impecable gestión y ha iniciado los procesos que prometió poner en marcha?
Sin embargo, ¿qué garantía existe de que en un segundo periodo de gobierno el mandatario no se relaje, o que gobierne con autoritarismo?
Además, se supone que si se gobierna en función de políticas de Estado, los procesos positivos, las obras y acciones que benefician a los ciudadanos, deben seguir su curso independientemente del siguiente mandatario que asuma el gobierno.
La Constitución Nacional no contempla la reelección. Pero esto no constituye ningún problema para el partido oficialista, el más interesado hoy en el tema, considerando la débil y oportunista existencia de los sectores de oposición que se han conformado con tajaditas de poder, a través de algunos cargos.
Tanto la reforma como la enmienda constitucional requieren de la aprobación del Congreso, donde los votos, ya hemos visto, se expresan según el mejor postor.
La reelección per se no es mala. Quienes la buscan la hacen mala y sospechosa. El solo hecho de consentir que se plantee tan extemporáneamente el tema, avala esta afirmación.
Por eso, si los políticos están tras ella, los ciudadanos deberíamos promover a la par la revocatoria de mandato.