RÍO DE JANEIRO - BRASIL
La Policía brasileña desencadenó ayer una operación contra el poderoso jefe de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) y la mayoría de los integrantes del Tribunal de Cuentas (TCE-RJ) de ese arruinado estado, por presunto desvío de fondos públicos.
La Policía Federal (PF) cumplió una orden de conducción forzada para interrogatorio del presidente de la Alerj, Jorge Picciani, y de detención de cinco de los siete miembros del Tribunal de Cuentas, indicó la estatal Agencia Brasil.
La PF, sin identificar a los investigados, señaló que todos son sospechosos de formar parte de un esquema de pago de ventajas indebidas que puede haber desviado de forma regular valores de contratos con organismos públicos para agentes del Estado.
Las informaciones sobre esa red fueron dadas por 2 de sus miembros, en el marco de un acuerdo de delación premiada, precisó la Policía Federal.
Picciani, de 62 años, es miembro del partido de centroderecha PMDB, que gobierna Río desde hace una década y al que pertenece el presidente Michel Temer.
Esta operación es una ramificación lejana de la investigación Lava Jato, sobre pagos de sobornos por parte de grandes constructoras a partidos y políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras. Picciani era hasta ahora uno de los pocos mandamases de Río que habían esquivado la marea de denuncias que arrasa Brasil desde el lanzamiento en 2014 de Lava Jato.
Según la Policía Federal, algunos miembros del Tribunal, incluido su presidente Aloysio Neves, habrían recibido dinero de forma irregular para favorecer el análisis de cuentas y contratos de empresas que estaban bajo su supervisión. Los sobornos alcanzaban hasta el 20% del valor de los contratos, de acuerdo con los investigadores, que bautizaron la operación como Quinto do Ouro en alusión al Quinto da corona que obligaba al pago del 20% de impuestos a la monarquía durante la etapa colonial.
El ex gobernador Sergio Cabral, con quien mantuvo una estrecha alianza, está encarcelado desde noviembre, bajo cargos de corrupción, formación de banda criminal y lavado de dinero. Otro ex gobernador, Anthony Garotihno, fue detenido en noviembre, acusado de compra de votos.
Menos de un año después de los Juegos Olímpicos, el estado de Río acumula meses de atraso en el pago a sus funcionarios. En enero, negoció una ayuda del Gobierno federal, a cambio de medidas de austeridad y de la promesa de privatizar su servicio de aguas.
