En este encuentro participaron representantes del Viceministerio de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), esta última la institución responsable de acreditar la calidad de la educación superior del Paraguay.
El rector de la Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC), Dr. Hugo Ferreira González, expresó al presidente de la Aneaes, Dr. Raúl Aguilera Méndez, la preocupación por el costo para iniciar el proceso de evaluación. El titular de la UTIC dijo que actualmente se tiene presupuestado unos G. 2.000.000.000 para medir la calidad educativa y resaltó que ese monto podría destinarse para invertir en infraestructura. Pidió que las evaluaciones se hagan por facultades y no por carreras.
Clausura. El rector de Universidad del Chaco, Dr. Reinaldo Barreto, coincidió con su par de la UTIC y criticó al Cones por las expresiones muy triunfalistas de la institución al comunicar cuántas carreras y filiales cerraron al solicitar que realmente se establezcan canales de diálogos más fluidos entre las universidades y el Cones, antes de decidir clausuras.
Exigencias. También se pidió un cambio en los criterios de evaluación tanto del Cones, como de la Aneaes porque una exige una biblioteca física y la otra, una virtual. La física supone un enorme gasto de infraestructura y de libros en tiempos en el que los estudiantes consultan cuestiones académicas en internet. “Si se hace una estadística en las universidades sobre cuántos libros son consultados por los alumnos se reflejará esto”, dijo Ferreira.
El presidente de la Aneaes, Dr. Raúl Aguilera Méndez, respondió a los rectores que desde la agencia se ha hecho el esfuerzo para que se inicie el proceso de gratuidad de forma gradual para aquellas carreras del área de salud, pero atendiendo la disponibilidad presupuestaria de la agencia, este año es imposible su aplicación.
Comentó que actualmente el Estado subvenciona una parte del costo de las evaluaciones, las universidades públicas tienen exoneración de aranceles, pero aunque no acrediten están por ley obligados a inscribirse cada año para el proceso.
Desde hace cuatro años el arancel es el mismo, en algunos casos llega de G. 42 a 45 millones. “Para no tocar el arancel al menos este año, el Consejo decidió recomponer la composición del comité de evaluación externa. Por ejemplo: dos nacionales y un extranjero; en años anteriores había tres extranjeros cuando había conflictos de intereses, que siempre se dan. Los evaluadores extranjeros deben percibir pasajes de vuelo, viáticos, honorarios”, expresó.
