23 abr. 2024

Recta final de juicio por crimen de nativa

Por Robert Figueredo

El lugar.  Los nativos son indagados de lo sucedido por las autoridades de la Fiscalía y de la Policía tras el crimen.

El lugar. Los nativos son indagados de lo sucedido por las autoridades de la Fiscalía y de la Policía tras el crimen.

CAAGUAZÚ

Para mañana está marcada la segunda jornada del juicio oral y público sobre el asesinato de una mujer indígena en la que están involucrados 6 nativos, de los cuales 3 son caciques y 3 son soldados. El tribunal que tiene a su cargo el desarrollo del juicio en esta ciudad resolverá la causa condenando o absolviendo a los procesados.

La víctima, Celina González Benítez, oriunda de la comunidad Nueva Esperanza, distrito de Juan Manuel Frutos, fue acusada de payesera y condenada a castigos físicos por parte de una asamblea de líderes indígenas del departamento.

Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones fiscales, tras el castigo con tejuruguái, presuntamente Carmelo Martínez y Wilson Centurión, ambos caciques y autoridades de comunidades indígenas, ordenaron secretamente la ejecución de la mujer a manos de Luis Ojeda, Nelson Rafael Duarte, Máximo Villalba y Narciso Morínigo.

La supuesta hechicera fue conducida a un tupido monte en las cercanías del asentamiento Kambay. Allí la ahorcaron con liana y la enterraron. El hecho ocurrió el 15 de setiembre de 2013 y recién el 29 de enero de 2014 el fiscal interviniente Alejandrino Rodríguez halló el cuerpo en medio del monte. Los indígenas acusados guardan reclusión en la cárcel de Coronel Oviedo, donde en enero de este año en extrañas circunstancias perdió la vida uno de los supuestos autores del homicidio, Luis Ojeda.

El fiscal acusador solicitará penas según lo establecido en el artículo 105 del Código Penal, mientras la defensa, integrada por los abogados Fabio Santos y Carlile Brítez, pedirá la absolución de los acusados con base en el derecho consuetudinario que rige la convivencia de los nativos. El tribunal de sentencia está integrado por los abogados Julio Solaeche, Víctor Vera y Nimia Ferreira Guanes.

Carmelo Martínez, uno de los acusados, se desempeñaba como presidente de la Asociación de Pueblos Originarios.

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