La pérdida costó la muerte de 11 campesinos y de 6 policías. La falta de investigación de las muertes de los campesinos, algunas de la cuales fueron con señales de verdadero ajusticiamiento judicial. El apresamiento caprichoso de 12 campesinos y campesinas, dos de ellos habiendo sufrido torturas y amenazas de muerte.
Una farsa de juicio cargado de irregularidades, en el que no valieron las pruebas, algunas porque fueran plantadas y otras que desaparecieron porque eran a favor de los presos. Aquello fue un verdadero juicio político siguiendo órdenes superiores. Las dos apelaciones aprobaron toda esta mentira. Y ahora va el juicio a los ministros de la Corte Suprema.
Al mismo tiempo hay más de 50 imputados privados de sus derechos civiles sin ninguna prueba en su contra.
Con todo lo contado, los valores nacionales de tierra, justicia y libertad se les han arrebatado injustamente a compañeros campesinos. Y este robo aparece como una amenaza para todos los ciudadanos que podemos sufrir lo mismo al capricho político de quienes hace tiempo ya perdieron nuestra representación ciudadana.
Ante estos hechos, en los que recordamos los cinco años de la masacre de Curuguaty en Marina Cué, solamente nos queda unirnos, formar un frente común y tomar decisiones fuertes.
La primera es exigir la investigación de los culpables de la balacera con armas automáticas que solamente portaban aquellos días la FOPE y la GEO y que fueron las que causaron todas las muertes.
La segunda, pedir la investigación del los fiscales intervinientes y del fiscal general de la nación que los apoyó.
La tercera, la libertad inmediata de los presos inocentes y la compensación en tierras a ellos y a los familiares de los masacrados.