@acostasamu
El rechazo en Cámara de Senadores al polémico proyecto de ley que busca regular la libranza, de ser aceptado por los Diputados, dejará libre el camino a aquellas empresas que cometen abusos contra sus clientes al no haber regulador que las controle, pues muchas de ellas operan sin siquiera respetar los límites legales de interés no usurario para el financiamiento de las deudas por bienes o servicios.
Uno de los proyectistas, el diputado José María Ibáñez, dijo que en la etapa de estudio de la Cámara Baja, el proyecto mereció más de 20 reuniones con diferentes sectores, en una mesa de diálogo donde se expusieron las dudas y preocupaciones. El resultado de ello se plasmó en el proyecto, según explicó.
El legislador expresó además que Diputados tendrá la opción de rechazar y generar otro proyecto, eventualmente; al tiempo de manifestar que la actividad de libranza no está regulada actualmente, y que el segmento más desprotegido es justamente el de los asalariados. “La norma pretendía establecer límites a la capacidad de endeudamiento”, precisó.
Este proyecto de ley rechazado en el Senado tiene dos errores fundamentales: la imposibilidad que el usuario pueda cambiar la manera de pagar su deuda (irrevocabilidad del contrato) y la de imponer a las entidades pagadoras (los patrones) la obligatoriedad de descontar automáticamente el salario con la advertencia de sanciones económicas si no lo hacen en un lapso de 8 días hábiles.
Sin embargo, en los 27 artículos que constan este proyecto también se establecen medidas para combatir abusos en las tasas de interés y hasta suspender las operaciones de empresas pantalla que funcionan como casas de crédito a la sombra, disfrazando préstamos como supuestas ventas de electrodomésticos.
REGULADOR. Hoy este mecanismo de descuento voluntario –porque uno pide un servicio o producto y libra autorización (libranza) para que se le descuente de su salario las cuotas asumidas– no cuenta siquiera con un ente regulador que verifique cómo se realizan las operaciones.
En el artículo Nº 5 del proyecto, se señala al Ministerio de Hacienda como autoridad de aplicación de un Registro Único de Entidades Operadoras de Libranza; con esto, se tendría por primera vez conocimiento sobre cuántas empresas operan bajo este sistema. Actualmente, se estima que son 400 empresas de libranza, de las cuales, por lo menos unas 60 están bajo la mira del Ministerio Público por prácticas usurarias.
También se señala al Banco Central del Paraguay como un supervisor respecto a los límites de interés no usurario, donde la Superintendencia de Bancos tendría potestad por ley de revocar las licencias para operar a quienes cometen actos de usura contra los usuarios. Hoy las competencias legales del BCP escapan a esta posibilidad.
La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), según el mismo proyecto, sería el organismo regulador.
