Antes, la Sala Penal de la Corte tuvo que destrabar el caso, debido a que los camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez también fueron recusados. Ortigoza señala que los jueces del Tribunal de Sentencia violaron su derecho a la defensa, ya que fue informado por parte de un colega abogado que los jueces dijeron que le iban a revocar sus medidas alternativas y decretar la prisión en caso de promover cualquier incidente. Incluso, afirma que es una “orden superior”.
Los jueces negaron lo señalado en la recusación y pidieron se rechazara el pedido de apartarlos de la causa. También acusaron a Feliciano Romero, Juan Ramón Sosa y Andrés Francisco Argüello. En el caso, supuestamente quisieron vender inmuebles de la Itaipú, con un supuesto perjuicio de USD 8.500.000.
