En su recusación, el procesado por supuesta lesión de confianza señala que todos los hechos acaecidos en su causa, denotan que tanto el fiscal general del Estado, como los demás fiscales y la Unidad Especializada de Delitos Económicos, se encuentran ante una avasallante persecución política en su contra.
Afirma que construyen pruebas dirigidas y direccionadas bajo formas jurisdiccionales, tratando de infundir temor en los procesados.
El fiscal general, al contestar la recusación, apunta que la ley citada por Quesnel está suspendida. Niega cualquier causal para la recusación.
Los ministros Alicia Pucheta, Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera, al estudiar la recusación, dicen que efectivamente la ley señalada por Quesnel está suspendida. Dicen que la recusación a fiscales es taxativa y que no se dan esas causales.
