El policía Osorio es además uno de los acusados por el caso del desvío de combustibles de la Policía Nacional, junto con su esposa.
Las defensas tanto de Osorio como de Da Rosa atacaron la validez de la segunda imputación planteada por la fiscalía ante el juez Humberto René Otazú.
El magistrado, en junio pasado, rechazó el pedido de la defensa, lo que fue apelado luego ante el Tribunal de Apelación.
También plantearon la excepción de incompetencia de jurisdicción y de falta de acción. En otras palabras, que el juez no era competente y que la fiscalía no tenía derecho a plantear imputación.
Esto fue rechazado igualmente por el juez Otazú. Con ello, la defensa recurrió también el rechazo de estos incidentes.
El argumento principal es que habían sido imputados ya ante el juez Gustavo Amarilla por el mismo delito.
RECURSOS. Los camaristas Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Carlos Ortiz Barrios rechazaron los recursos planteados y así destrabaron finalmente la causa.
La defensa sostuvo que la fiscalía tenía una causa contra Osorio y su esposa por los mismos delitos, y antes de cerrar la pesquisa, abrió otra por los mismos hechos.
La fiscalía, al contestar los recursos, señala que no existían dos procesos iguales, sino que eran por distintos espacios de tiempo.
En el análisis de los camaristas, se da la doctrina acerca de la investigación fiscal y la imputación, que son potestades del Ministerio Público.
Asimismo, señala que lo sostenido por la fiscalía deberá ser corroborado durante la investigación, con las pruebas recolectadas, lo que luego será evaluado.
Con ello, finalmente, entiende que corresponde el rechazo del pedido de nulidad de la imputación presentada, con lo que ratifican su validez.
Con respecto a la incompetencia de jurisdicción y la falta de acción, dicen los camaristas, tras el análisis razonado del expediente, que no existen dos imputaciones similares.
Apuntan que son procesos distintos y rechazan las excepciones planteadas por la defensa de los encausados.
Con ello, se destraba el segundo proceso penal al policía y a su esposa, con lo que ahora se les podrá imponer las medidas cautelares requeridas por el juez.