La Fiscalía no fue objetiva al ocultar pruebas para condenar como sea a los campesinos, pensando además que por ser pobres no iban a tener a los mejores abogados que los defendieran.
No consiguió ni poner la duda sobre la inocencia de los acusados. Quiso fabricar una culpabilidad y fracasó. Sus acusaciones fueron falsas y exageradas.
Acusó a los campesinos por luchar, por tener para vivir un trozo de tierra, lo cual es obligación y necesidad de todos ellos.
Este juicio ha tenido todos los rasgos de una persecución política propia de tiempos de la dictadura. Nos preguntamos qué motivación existió en la Fiscalía para tener esta actitud.
La fiscalía ignoró totalmente que las Constituciones de los años 1940, 1967 y 1992 dicen que la propiedad privada, siendo inviolable, tiene como límite el bien común de todos los ciudadanos.
Lo más triste que tuvo la masacre de Curuguaty es el uso y abuso de instituciones como la Policía y el Ministerio Público para asesinar y luego acusar a inocentes campesinos que solo estaban en tratativas con el Indert para tener un trozo de tierra. Y toda esta mentira fue luego utilizada para cesar a un presidente legítimo.
Finalmente, las acusaciones no existen.
No invadieron tierras privadas, porque eran del Estado. No mataron porque los 17 asesinados lo fueron con balas de potente calibre como las que llevaban la FOPE y la GEO. No formaron una asociación para delinquir sino que era una comisión vecinal para el Indert.
Señales de que este juicio es ya causa nacional e internacional: La adhesión popular a la inocencia de los campesinos, el documento de la ONU pidiendo explicaciones sobre el juicio al Estado paraguayo, la denuncia enviada a la OEA y a la Fiscalía General del Estado.
