“El conflicto solo ha dejado desolación y cantidades de huérfanos. Si van a hacer una Colombia mejor matando seres humanos que se olviden”, dijo a Efe Daniela Castillo, una de las supervivientes de aquella masacre que ha regresado con sus hermanas a su aldea natal para volver a cultivar la tierra.
Sin embargo, todavía no pueden olvidar aquel 13 de octubre de 1998, cuando los paramilitares que se enseñoreaban de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se yergue frente al mar Caribe, llegaron hasta su pueblo en el que habitaban unas 89 familias.
Al parecer alguien había denunciado que colaboraban con la guerrilla y ese fue motivo suficiente para que, sin juicio ni pruebas, asesinaran a sus padres, uno de sus hermanos y un grupo de personas que trabajaban en su finca.
“Yo he perdonado, el proceso fue muy doloroso, especialmente aceptar y conocer la realidad. Es difícil, cualquier persona no perdona sin más. Igual, somos humanos y el error que ellos hicieron, espero que no lo sigan cometiendo más”, agregó Daniela.
Entonces tenían apenas tres años y tuvieron que huir a un pueblo del eje cafetero, en el centro del país, porque se expandió el rumor de que los paramilitares volverían por las trillizas y sus cuatro hermanos.
Los siete se refugiaron e intentaron volver en una ocasión, en el año 2000, pero entonces la hipótesis de que regresaran los grupos armados ilegales les hizo abandonar de nuevo su tierra natal.
Cuando se reasentaron definitivamente seguían siendo solo unas niñas que cuidaba su hermano mayor y apenas tenían recuerdos de la tragedia que había vivido su familia.
Poco a poco fueron conociendo la verdad, “yo me enteré porque vi un periódico de aquel tiempo en que lo contaban”, explica Dania, otra de las hermanas que ahora reside en la finca familiar de La Secreta, que forma parte del municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena.
“Me dio tristeza y mucho dolor, pero yo no soy nadie para juzgar a aquellos que le hicieron eso a nuestros padres”, dice Dania, que ahora está embarazada de siete meses.
Las trillizas y sus cuatro hermanos emitieron una de las 6.301 solicitudes de restitución de tierras que han recibido las autoridades en los departamentos caribeños de Atlántico y Magdalena.
Solo en esas dos regiones se han entregado 4.200 hectáreas, resolución judicial mediante, a propietarios a quienes les fueron despojadas en el marco del conflicto armado colombiano.
De ellas, 70 corresponden a los hermanos Castillo que ahora reciben el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) del Gobierno colombiano.
En todo el país, la URT ha recibido 97.534 solicitudes de 65.748 titulares que denunciaron que sus tierras les fueron despojadas.
“A mí me causó mucho dolor y tristeza (...) saber que uno se crió sin ese amor y ese cariño, sin los consejos de una familia. Da duro recordar y hablar de esto”, destaca Dalia, la tercera de las trillizas entre lágrimas.
Ella, también embarazada de cuatro meses, la única vida que imagina es en el campo y cuesta visualizarla en una ciudad como esas a las que tuvo que ir tras la masacre: “No me veo viviendo en otro sitio”.
“Lo que más me gusta es el aire y el ambiente fresco y silencioso. En diez años me imagino algo bien hermoso. Mi proyecto de vida es estudiar contaduría y ayudar a otros desplazados”, señala.
En eso coincide su hermana Dania, quien se ve “con prosperidad y un mejor proyecto de vida gracias a la tierra”.
“Quiero mi finquita bien organizada que me produzca muy bien y quisiera capacitarme también como persona”, afirma.
Su hermana Daniela se une y apostilla: “También ver la vereda (aldea) transformada. Me gustaría que el Estado nos repare integral y colectivamente porque lo necesitamos como víctimas”.
Mientras todo eso sucede siguen arando las lomas de la Sierra Nevada de Santa Marta, cultivando café y esperando que dos nuevas vidas lleguen a la finca en la que se perdieron las de sus padres.
Gonzalo Domínguez Loeda
