Pero, lo que todavía está sin saberse definitivamente es quiénes fueron los victimarios.
En teoría estos pudieron ser.
Primero, según la Fiscalía, los campesinos defendiendo la tierra de Marina Cué en donde habían entrado.
Segundo, los policías cumpliendo órdenes superiores para dar un escarmiento a los campesinos o dejándose llevar de la venganza y falta de profesionalidad.
Tercero, la empresa Campos Morombí con sus matones en nombre colectivo del grupo de sojeros y ganaderos para meter miedo a los campesinos.
Y aquí surge una pregunta: ¿Por qué de estas tres clases de victimarios que debieran de estar sentados en el banquillo de los acusados para ser investigados, de hecho solamente están los campesinos?.
Repuesta: Porque la Fiscalía se olvidó, por mandato superior, de los policías y matones de Campos Morombí culpables y no los investigó. Solamente con toda clase de irregularidades, pérdida de pruebas, investigó, acusó y pidió las mayores penas de cárcel para los 11 campesinos presos.
Por eso actualmente debieran de ser los cuartos en sentarse en el banquillo de los acusados el fiscal Jalil Rachid y los tres que actualmente le sustituyen. Y como sus actuaciones no ocurren por capricho sino por mandato superior, también entre los acusados debería de estar el fiscal general del Estado.
Con esta nueva visión acusatoria, la farsa jurídica que actualmente estamos viviendo, sería muy diferente.
Algo interesante: No hay pruebas para acusar a los únicos investigados, los campesinos. Ya ha llegado el momento de que sean puestos en libertad. Y que comience de verdad, si es que hay justicia, la investigación judicial a dos presuntos asesinos (FOPE-GEO y matones de Campos Morombí presentes en la masacre de Curuguaty) y, por falta de profesionalidad y mentiras, a los cuatro fiscales intervinientes en esta causa.
