28 mar. 2024

¿Quién controla al contralor?

El ojo blindado

En estas últimas semanas la Contraloría General de la República y el Ministerio Público protagonizaron una disputa a raíz de varias auditorías del ente contralor que favorecieron a imputados por millonarios perjuicios al Estado. Con mecanismos distintos, ambas instituciones deberían buscar resguardar el patrimonio estatal, pero donde una de ellas advierte una millonaria sobrefacturación, la otra solo ve dinero público bien gastado. El conflicto, que seguramente de aquí a poco será enterrado, revela la lucha contra la corrupción en el Paraguay como lo que realmente es: un teatro bien armado. Veamos sus entretelones.

Situaciones desesperadas requieren de medidas desesperadas. Al verse acorralada contra la pared, con una Justicia que busca lavarse la cara con castigos ejemplares y una sociedad que da signos de despertar de un largo letargo, la clase política se vio obligada a recurrir a todos los trucos a su alcance. El rol que jugó desde entonces la Contraloría fue clave. Su titular, Rubén Velázquez, es una persona muy cercana al senador oviedista Jorge Oviedo Matto, con quien además de mantener una amistad de años, también tiene estrechos vínculos comerciales y laborales. Sobre este punto vale decir una obviedad: Velázquez nunca hubiera sido contralor si no era amigo del senador.

Por eso la auditoría que emitió la Contraloría sobre las polémicas 5.700 hectáreas en Cordillera, compradas por el Indert a un precio descomunal de la empresa San Agustín –cuyos dueños están ligados a la familia de Oviedo Matto–, no sorprendió a nadie. El precio al cual accedió pagar el Estado –15 millones de dólares– es hasta muy barato, concluyó el informe. Poco importó que la Fiscalía hable de una sobrefacturación de 33 veces más sobre el precio real.

Luego los diputados decidieron vengarse de los fiscales por imputar a varios de ellos y hacer “terrorismo de Estado”, según las palabras del sobresaltado parlamentario Dionisio Amarilla. Por orden de la Cámara Baja, el ente contralor empezó un examen de correspondencia de bienes e ingresos a todos los funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción. Había que contraatacar con un mensaje claro y el contralor no tuvo reparos en ser el mensajero.

A todo esto hay que apuntar que el Ministerio Público tampoco escapa a los tentáculos políticos y esto quedó evidenciado hace unos meses con la cuestionada salida del fiscal adjunto Carlos Arregui de la Fiscalía Anticorrupción.

Luego le tocó el turno a Enzo Cardozo, el senador procesado por su gestión como ministro de Agricultura. Una auditoría determinó que no hubo irregularidades en su administración, mientras que la Fiscalía habla de un desvío de G. 68.000 millones.

La pelea entre ambas instituciones dejó en evidencia cómo la Contraloría, lejos de controlar, ahora más que nunca se erige como una útil herramienta de sectores políticos perseguidos por la Justicia.