En su discurso, ante la presión y para evitar un estallido social, el jefe de Estado prometió que el Estado compraría G. 15.000 millones de la deuda que tiene con ellos el ingenio. Cartes también confirmó que la azucarera estaba “por convertirse en la mayor quiebra de una empresa privada en la historia del Paraguay”.
Según fuentes del Ejecutivo, Cartes reconoció que lanzó la citada propuesta de auxilio “en caliente”, razón por la cual sus ministros tuvieron que ver la forma de “justificar” legalmente la operación, teniendo en cuenta que no existe jurisprudencia. El antecedente que registra una situación similar de quiebra es el del Grupo Las Palmas, pero que al final no se produjo, pues se llegó a un acuerdo con los acreedores, comentaron agentes financieros vinculados al caso Iturbe, quienes también confirmaron que se trata del caso de quiebra de una firma privada más grande de que se tiene registro.
proyectos. Cartes ya presentó un proyecto de ley que deriva al Congreso la responsabilidad de dar la legalidad a un procedimiento con serias dudas en ese orden.
Inmediatamente, en lo que se interpretó como una maniobra con trasfondo político interno colorado asociada con intereses de sectores socialistas, cinco senadores presentaron un proyecto de ley que plantea expropiar, pagar el pasivo y el activo y que la empresa pase a ser administrada por el Estado.
El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, reiteró ayer que aún cuando la empresa se encuentre casi en quiebra, es mejor arriesgar G. 15.000 millones que G. 400.000 millones por una estatización.
Insistió que el dinero puede ser recuperado con la demanda a los accionistas del ingenio, pero no mencionó que la empresa tiene patrimonio negativo, es decir, vale menos de lo que debe, por lo cual sería casi imposible rescatar algo.
DUDAS. Por su parte, el senador liberal Miguel Abdón Saguier dijo ayer a ÚH que está en duda la legalidad de las dos propuestas vinculadas a la Azucarera Iturbe.
Aclaró que aún no se estudió ninguna de las iniciativas, pero por lo que ya se informó, ve muy difícil que puedan prosperar. Sobre el proyecto del Ejecutivo, manifestó que no sabía si el Estado puede comprar un crédito de trabajadores, cañeros y transportistas del ingenio.
Presupuesto. “En principio, para que el Ejecutivo disponga de ese dinero que requiere tendría que estar previsto en la ley de Presupuesto General de la Nación. Si no está previsto, no sé de dónde van a sacar y no sé de dónde podrían hacerlo porque eso sería una violación de la ley”, explicó.
Advirtió que esto también podría sentar un precedente para que en el futuro cualquier empresa privada que tenga ese mismo problema pueda exigir lo mismo del Estado.
“Vamos a suponer que yo tenga una industria textil, me va mal, no les pago a mis obreros y estos son acreedores, entonces voy a pedir que el Estado les pague”, recalcó.
no intervención. En cuanto a la ley de expropiación, el legislador azul dijo que eso ya no sabría cómo calificar, adelantando su rechazo. Finalmente, apuntó que si la empresa está en proceso judicial, el Poder Legislativo no puede intervenir en otro poder, en este caso, el Judicial.
