Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, abrió hoy por undécimo día la audiencia de primera declaración del proceso denominado “Cooptación del Estado”.
Con grilletes en sus manos los imputados fueron trasladados desde las primeras horas a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el centro cívico de la capital, para escuchar las evidencias que existen en su contra.
En la diligencia de este miércoles volverá a tomar la palabra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), luego la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Empresa Portuaria Quetzal (EMP).
Tras la argumentación de los tres querellantes, según el juez, vendrá el turno de los abogados de los 57 imputados de integrar una estructura criminal que se benefició de millonarias comisiones por contratos del Estado otorgados a empresarios.
Los cabecillas de esta organización, de acuerdo con las primeras investigaciones, eran Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, aunque ambos negaron su participación en la red criminal el pasado lunes cuando declararon ante el juez.
Ambos la arremetieron contra el colaborador eficaz de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, lo calificaron de “mentiroso” y demandaron a la Cicig que les demuestre dónde tienen el dinero que supuestamente recibieron por las comisiones.
Pérez Molina y Baldetti fueron acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pues según la imputación, recibieron unos 290 millones de quetzales (38 millones de dólares) de las “coimas”.