El pedido fue hecho ante el presidente de la Corte, supuestamente porque litigaron de mala fe, ya que plantearon una acción ante la Sala Constitucional de la Corte, y tras ser rechazada, junto con la aclaratoria, promovieron el recurso extraordinario de casación.
Además, sostiene que los tres condenados aún tienen a los abogados Guillermo Duarte y Claudio Lovera como defensores, ya que sus poderes nunca fueron revocados.
Argumenta que los jueces tienen la obligación de cancelar la personería de los mismos, y luego rechaza las expresiones de que es pariente de Neri Villalba, o que este le haya entregado las copias del fallo. Critica la supuesta contradicción de la recusación de la defensa, y la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento a Villalba.
COMUNICADO. Por otro lado, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), dio a conocer un comunicado donde prácticamente ratifican la postura de Fernández.
Remarca que el contrato por 4 millones de dólares, más los 7,5% de comisión, no está vigente. Que Fernández fue contratado por un monto inferior. Que incluso fueron investigados por el contrato, y la causa fue desestimada tras 3 años.
También alaban la gestión investigativa de la Fiscalía y de la Corte al impartir justicia. Alegan que se probaron los hechos acusados.
