Según el texto presentado por el diputado Hugo Gutiérrez junto al abogado Boris Pareses en el IV Juzgado de Garantía de Santiago, la querella busca indagar un eventual uso de “información estratégica de los escenarios posibles de pérdida o no de territorio marítimo chileno” por parte de Piñera durante su mandato (2010-2014).
Según informaron esta semana algunos medios locales, Piñera accedió a Exalmar mediante su sociedad de inversiones, Bancard, y se convirtió en el propietario del 9,10 por ciento del capital total de la entidad peruana, siendo el segundo mayor accionista.
Exalmar, de acuerdo con las publicaciones, es una de las líderes en la pesca de la anchoveta, un pez utilizado en la fabricación de harina de pescado, y se vio favorecida con el fallo de La Haya, que dio a Perú 22.000 kilómetros cuadrados de mar que hasta entonces estaban bajo soberanía chilena.
Piñera, quien lidera la intención de voto con miras a las elecciones presidenciales de noviembre de 2017, refutó las publicaciones calificándolas de “guerra sucia” en su contra, y aseguró que en su momento nada supo de esa inversión, pues al asumir la presidencia firmó un “fideicomiso ciego” para que terceros administraran sus negocios.
Nicolás Noguera, gerente de Bancard, la firma de Piñera que materializó la inversión, admitió en declaraciones a medios locales que tal vez la misma “fue poco prudente”, tras conocerse que las inversiones fuera de Chile estaban excluidas del fideicomiso.
En la querella, el diputado Gutiérrez pide al tribunal investigar “si el señor Piñera y su núcleo familiar (socios en la Administradora de Inversiones Bancorp S.A.) y el Gerente de la misma Nicolás Noguera se valieron de información estratégica obtenida a partir del litigio marítimo con Perú, y si esta fue utilizada para efectos de sacar partido e invertir en la empresa Exalmar para efectos de conseguir créditos económicos”.
“Es una acción criminal que hemos decidido interponer producto de los antecedentes de una investigación periodística que creemos que son suficientemente graves, revisten seriedad y que muchos de ellos eventualmente pueden constituir delito”, dijo a los periodistas a la salida del tribunal.
El abogado Paredes, en tanto, dijo que las penas establecidas para este tipo de delito van de 541 días a tres años de prisión,
En tanto, la Cámara de Diputados rechazó hoy la designación de una comisión investigadora respecto del asunto, al alcanzar la solicitud de parlamentarios oficialistas 37 votos a favor, diez menos que el mínimo necesario de 47.
La solicitud, que llevaba las firmas de 50 diputados, puede ser presentada nuevamente presentada la próxima semana, según fuentes parlamentarias.
El martes, el fiscal nacional, Jorge Abbott, no descartó hoy abrir una investigación contra Piñera por este caso, al señalar a los periodistas que “analizaremos el mérito de la información y en virtud del análisis que hagamos tendremos que resolver si eventualmente se abre alguna investigación, si hay mérito para abrir alguna pesquisa sobre tales hechos”.
