El intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, y sus principales colaboradores deben sincerarse y reconocer que no están en condiciones de responder a las numerosas demandas y problemas que plantea la ciudad y los más de un millón de visitantes que recibe diariamente. La capital del país está en decadencia, y lo preocupante es que no hay visos de solución a corto plazo.
El panorama es desalentador. El 80% de las calles ya superaron su vida útil y requieren de una inversión de miles de millones que la Comuna no tiene, así como tampoco parece tener la suficiente capacidad de gestión para obtenerlos; por lo menos es lo que se evidencia hasta ahora. Es decir, nuestras arterias de circulación se irán deteriorando sin remedio alguno.
En tanto, gran parte del microcentro –por hablar solo de un caso– presenta veredas en pésimo estado u ocupadas, zonas sin iluminación ni botes de basura, calles con nula señalización para cruces de peatones o estacionamiento vehicular, entre tantos otros aspectos, a los que, tristemente, nos hemos acostumbrado. A esto se podría sumar el calamitoso estado en que se encuentran el Mercado 4 y de Abasto, administrados por la Comuna, en donde se enseñorean el desorden, la suciedad y los baches.
No se conoce de proyectos concretos, a corto y mediano plazo, que apunten al mejoramiento del tráfico –ni siquiera el uso de casco de motociclistas se controla en forma efectiva–, la recuperación de espacios históricos, la construcción de desagües pluviales, de una peatonal céntrica o la ampliación de áreas verdes. A nivel de obras municipales de envergadura, se percibe a una ciudad estancada.
Y para el próximo año –con las elecciones como principal preocupación– el diagnóstico parece empeorar. Quizá ya en este contexto, la Municipalidad decidió destinar para el 2015 unos G. 50.000 millones más a sus más de 7.000 funcionarios, en detrimento de obras para la ciudadanía. “No hay ni un solo mérito de la Intendencia en la administración de los recursos genuinos de la Comuna; todo va a gastos rígidos y de personal. Todo lo que la institución municipal hace proviene de la Ley de Capitalidad o de los royalties”, señaló recientemente al respecto el concejal Rafael Villarejo.
Los directivos de la Municipalidad capitalina necesitan ayuda para salir de este atolladero; solos ya no pueden. Deben recurrir al sector privado, las organizaciones civiles y/o al Gobierno central si son honestos y quieren revertir la situación a beneficio del bien común. La capital del país y sus habitantes lo exigen, y también lo merecen.
