Así lo explicaron hoy el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en un comunicado en el que no aclararon si esa cantidad la van a destinar a pagar al menos parte de los intereses de la deuda que vencía o si la usarán para seguir financiando las operaciones del Gobierno.
Se espera que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ofrezca algún tipo de explicación en una conferencia de prensa que ha convocada hacia el mediodía en la Fortaleza, sede del Ejecutivo puertorriqueño.
“El 30 de junio, el gobernador tomó un paso histórico para proteger la habilidad del Estado Libre Asociado (ELA) de proveer servicios públicos esenciales a los residentes de Puerto Rico y volver a la ruta de la recuperación”, explicaron el BGF y la AAFAF en el comunicado.
Con ello hicieron referencia a las dos órdenes ejecutivas aprobadas el jueves, el último día del ejercicio fiscal 2016, que declaran una moratoria en el pago de la deuda e implantan medidas para preservar efectivo.
“La situación fiscal del ELA el último día del año fiscal 2016 es severa. A pesar de las medidas extraordinarias de manejo de efectivo y liquidez implantadas por esta Administración en el último año fiscal, se espera que el ELA termine junio con unos 200 millones en efectivo en su cuenta operacional (conocida como Treasury Single Account o TSA)”, señalaron.
A ello se suman aproximadamente 150 millones en fondos que fueron desviados de ciertas corporaciones públicas a través de lo que se conoce como clawback.
Esas cantidades son claramente insuficientes para pagar los vencimientos de deuda de hoy, que incluyen 1.000 millones en Obligaciones Generales (GO’s) y otros instrumentos también garantizados por la Constitución de Puerto Rico.
“Las proyecciones de flujo de caja del Departamento de Hacienda para este año fiscal presentan un panorama de emergencia”, añadieron igualmente ambas entidades, que advirtieron que el Gobierno deberá continuar implantando ciertas medidas extraordinarias para el manejo de liquidez en los próximos seis meses.
Entre esas medidas citaron retrasar pagos a proveedores y reservas a los sistemas de retiro, prolongar la financiación interna al ELA por parte de ciertas entidades públicas con recursos y posponer gastos de capital.
“Estas medidas deberán implantarse incluso si el ELA no pagara las GO’s ni la deuda garantizada”, apuntaron, y, aún así, “el TSA agotará su balance de liquidez dentro de los próximos 30 a 60 días”, algo “peligroso” para “un Gobierno que financia servicios a millones de puertorriqueños”.
“Las órdenes ejecutivas firmadas ayer por el gobernador responden a la actual posición financiera crítica del ELA y que sólo se anticipa que empeore durante los próximos meses”, advirtieron las entidades responsables de la política financiera de Puerto Rico.
Esas órdenes ejecutivas declaran al ELA y a varias entidades gubernamentales en estado de emergencia, y prolongan el que fue estipulado previamente para otras agencias.
Además, permiten al ELA y a otros emisores de deuda suspender la transferencia de ciertos fondos entre entidades públicas para ayudar en la conservación de efectivo en el Gobierno central y evitar así un cierre de Gobierno.
Igualmente, y en línea con lo aprobado también ayer en Washington a través del proyecto conocido como “Promesa”, establece que los acreedores no podrán demandar a Puerto Rico.
“Esto es un elemento crucial que le permite al ELA buscar una reestructuración de la deuda y enderezar la nave. Sin él, los recursos humanos y financieros de Puerto Rico se desviarían a tener que ocuparse de decenas de demandas”, afirmaron.
Por último, suspenden el pago de las GO’s y otras deudas garantizadas hasta el 31 de enero de 2017.
