Ocurrió hace unos días en Sargento José Félix López, una localidad de Concepción más conocida como Puentesiño, pero la escena parece más bien salida de un western de bajo presupuesto: agentes de la Senad encuentran más de 3.000 kilos de marihuana escondidos en un camión estacionado en la propiedad de Odilio Sánchez, hermano de Javier Sánchez, el intendente colorado. Minutos después, unas 500 personas lideradas por algunos concejales municipales –también colorados– llegan al lugar, armadas con palos y machetes.
Los antidrogas, ante la abrumadora inferioridad numérica, son obligados a entregar sus armas, devolver el cargamento y liberar al hermano del jefe comunal. No todo fue malo: mediante la amable intervención de un sacerdote del pueblo, la turba accede a devolver las pistolas y fusiles. Algunas, no todas.
Puentesiño debe ser analizado en su contexto: tiene cerca de 10.000 pobladores y se convirtió en distrito recién en el 2011, pero mucho antes ya existía en el mapa del crimen organizado del Norte del país. El pueblo está asediado, desde hace años, por el tráfico de madera, el narcotráfico y, para colmo, es un punto neurálgico en la zona de influencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El episodio de Puentesiño, en el que seguidores del partido de gobierno vapulean a una comitiva fiscal y reducen el ejercicio de la fuerza pública a una mera expresión, no está cerca de ser el único, sino más bien repite un esquema establecido en décadas de criminalidad impulsada por el mismo Estado, a través de caudillos locales respaldados por partidos tradicionales.
Se trata de una historia que ya la vimos en Ypejhú, con el ex intendente Vilmar Neneco Acosta, actualmente preso en Brasil e imputado por varios homicidios y tráfico de drogas. También en Yby Pytã, con el actual intendente liberal Virgilio Portillo, detenido en el 2008 con 8.000 kilos de marihuana. En Villa Ygatimí, con el concejal municipal liberal Patricio Estigarribia, que cayó con una tonelada de marihuana, y en tantas otras localidades a lo largo del país.
Ni desde los partidos tradicionales, ni desde el Gobierno o el Congreso se plantearon acciones concretas y reales para desbaratar la longeva alianza entre el crimen organizado y el poder político municipal y departamental. Como en tantos otros distritos de Concepción, San Pedro, Canindeyú y Amambay, en Puentesiño la mafia es ley y el Estado no está ausente, sino que es cómplice clave.
