Así manifestó ayer el abogado Theodore Stimson, experto en derecho administrativo, ante consultas de este medio. Resaltó que el Tribunal de Cuentas, al dar lugar a la desestimación que promovieron MOPC y Dinac –contra el dictamen de la Contraloría–, el caso Aeropuerto pasó a autoridad de “cosa juzgada”, por lo que el proceso debe cancelarse o se estará incumpliendo una resolución judicial.
“Se puede desistir de la acción o de la instancia. El desistimiento de la acción impide renovar proceso en el futuro. Es como una renuncia. El MOPC desistió de la acción, admitió con esto que estaba reclamando algo improcedente”, expresó.
Insistió que “la cosa juzgada del Tribunal de Cuentas establece la certeza de irregularidades en la licitación” y que el “el Estado no puede ir contra sus propios actos, y una resolución con fuerza de cosa juzgada, sin cometer delitos de prevaricato y desacato”. “El principio es tan antiguo como el derecho romano”, argumentó.
Mencionó además que el MOPC queda vinculado por sus actos, los precedentes que van sentando, y esas contradicciones tienen efectos jurídicos de los que la cartera no se puede desdecir, escapar, ni desvincular.
Respecto a la acción de certeza ante la Corte Suprema de Justicia que ahora presentó el Ministerio de Obras Públicas, dijo que además de improcedente “está demás, habiéndose logrado la certeza de irregularidades ante el Tribunal de Cuentas”.