Recordó que por Ley Nº 4100/10 “Que aprueba las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi)”, el país está obligado a incorporar las 40 recomendaciones y el no hacerlo puede traer sanciones contra Paraguay.
“Te puedo decir como fiscal que cuando el Estado quiso llevar adelante sus procedimientos de investigación, ¿quiénes eran los directivos?, un chofer o un sereno que jamás pudieron haber hecho transferencias de USD 10 a 20 millones. No queramos tapar el sol con un dedo, se crean empresas de maletín bajo la figura de las sociedades anónimas”, afirmó.
Respecto a los cambios introducidos en la Cámara de Senadores, que indican que los canjes de las acciones serán “opcionales” y se establecen una serie de requisitos para mantener al portador, respondió que todavía no hizo un estudio con la comisión a su cargo para emitir un dictamen.
No obstante, dijo que el próximo miércoles mantendrá una reunión con las autoridades de Seprelad, Banco Central y la Abogacía del Tesoro, para posteriormente expedir el dictamen.
Sobre los requisitos para mantener las acciones al portador, señaló que tranquilamente una persona que esté vinculada a ingresos ilícitos podría enviar a alguien que lo represente en las asambleas de accionistas y solo se quedaría registrado.
“Tenemos casos bien documentados de gente que ha lavado dinero de forma terrible. En los casos ocurridos en Ciudad del Este (megaevasión y Forex) apenas se está viendo la punta del iceberg. Estamos todos locos cuando escucho decir que no se conocen casos de lavado en Paraguay, porque los grandes escándalos fueron todos a través de empresas de maletín”, resaltó.
En el Senado, a pedido de la Comisión de Legislación, también se eliminaron en el artículo Nº 6 las sanciones económicas contra las empresas que no cumplan con las disposiciones sobre la ley que regula a las compañías constituidas por acciones.
En la versión Diputados, por el contrario, se obligaba a que si en un plazo de dos años una empresa no canjeaba como mínimo el 90% de sus acciones a nominativas, se le suspendía operar en el sistema.
Pero, además, se imponen sanciones económicas contra las empresas que ascienden hasta los 500 jornales mínimos.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) advirtió que en el 2018 el país corre el riesgo de ser incluido en la lista gris como no cooperante con la transparencia en caso de no eliminar las SA.
La Asociación de Bancos también reclamó contar con la ley en la versión Diputados.
