Actualmente, en la causa están imputados 23 alumnos y tres funcionarios de la universidad por la compraventa de calificaciones y el cobro indebido de cheques de profesores, a través de la falsificación de firmas.
En un principio, la causa estuvo a cargo de la fiscala Teresa Sosa, quien fue recusada por abogados defensores, y hoy en día está a cargo de la fiscala Claudia Morys.
Fuentes del Ministerio Público comentaron que desde diciembre hasta febrero la causa estuvo en el tribunal de Apelaciones, donde se deben resolver incidentes de nulidad presentados por la defensa en contra de la imputación.
Varios de los procesados ya solicitaron a la Fiscalía salidas procesales, que implican el reconocimiento de los hechos. Los investigadores aún deben citar a varias personas para declaraciones indagatorias y también aún están pendientes peritajes informáticos y caligráficos. El Ministerio Público tiene hasta el 11 de junio para investigar a los imputados. De acuerdo con la investigación, conseguir mejores notas costaba entre G. 700.000 y G. 1.200.000.