A lo largo de casi cinco siglos de la historia mestiza del Paraguay los detentadores coyunturales del poder han considerado que desde esa posición, con un concepto patrimonialista del Estado, tienen carta blanca para usar los bienes colectivos como si les perteneciera. Ello abarca el dinero, los cargos, los vehículos y todo cuanto administra el Estado.
Ese atropello se ha cometido con el silencio y, por lo tanto, la complicidad de los políticos, que callando las irregularidades aseguran su impunidad futura porque no serán denunciados cuando cometieren los mismos excesos que debían haber puesto a consideración de la opinión pública.
La sociedad civil también ha tenido su cuota de participación en la continuidad de una praxis que beneficia a unos pocos, pero perjudica a la mayoría. Por cobardía o falta de conciencia, ha permitido que la propiedad común sea utilizada impunemente por aquellos que se sienten libres de extralimitarse porque no encuentran cuestionamientos sólidos a sus desbordes.
Un hecho todavía reciente ilustra de modo cabal cómo algunos líderes políticos se apoderan de lo público para su propio provecho. La candidata a intendenta de Ybycuí –colorada y esposa de un diputado del mismo partido– repartió a modo de proselitismo los víveres del Programa de Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios (Pagro) días antes de los pasados comicios municipales. La política, rumbo a su segunda reelección, utilizó a su favor su posición de privilegio, reforzada por el rol de su cónyuge parlamentario, para distribuir alimentos a cambio de votos. Los mismos no fueron pagados con dinero de su campaña, sino de los contribuyentes.
Esa práctica no es, desafortunadamente, una excepción. Y estando muy próximo ya a un año que será político –con miras a las elecciones generales de 2018–, es bueno advertir una vez más que esa apropiación indebida de bienes colectivos por parte de particulares inescrupulosos es un abuso que no debe seguir permitiéndose.
La denuncia pública de los ciudadanos es una de las maneras de combatir a los que aún se creen dueños de lo que no les pertenece. Al exponer ante la ciudadanía su comportamiento, lo que se espera es que más ciudadanos se sumen a la censura del mismo y que los abusos no se repitan.
La otra forma de sanción a los transgresores es negarles el voto, castigarles en las urnas. Para ello se requiere una conciencia cívica madura que no está dispuesta a premiar con la impunidad a los que se burlan de la mayoría. Solo así aprenderán a respetar a los ciudadanos que pagan sus impuestos para que sean revertidos a favor de todos.
