Casi sin interrupciones desde hace varios años, hemos venido viendo cómo se deteriora la capacidad productiva de alimentos para el consumo interno del país. Este mes, el punto de conflicto es el contrabando. Las instituciones encargadas de combatirlo son incapaces de lograr resultados. Esto se traduce en pérdidas para los productores y precios altos y productos de origen desconocido para las familias consumidoras.
Meses atrás, las inclemencias climáticas afectaron los cultivos haciendo que se perdiera gran parte de la producción. Como problemas históricos están la falta de caminos y puentes, y de infraestructura en la finca como media sombra, sistemas de riego y almacenaje y la ausencia de un sistema financiero que garantice acceso a créditos acompañados de seguros agroclimáticos.
A pesar de los recursos que anualmente el Ministerio de Agricultura y el Indert destinan al sector, los resultados son exiguos en materia de producción y productividad. Las deficiencias en infraestructura obstaculizan la posibilidad de sacar los productos al mercado, encarecen los costos de transporte y los productores terminan dependiendo de los intermediarios.
Estos últimos tienen capacidad para fijar precios al ser pocos, mientras que los productores son tomadores de precios porque son muchos y dispersos y no cuentan con infraestructura ni acceso a información. Esta falla de mercado debe ser resuelta con políticas públicas. El primer rol del Estado es ese; sin embargo, es poco lo que hace.
El MAG cuenta con una dependencia encargada de apoyar la comercialización y los municipios y gobernaciones tienen competencias y recursos para fomentar los mercados locales y reducir la distancia entre el productor y el consumidor. Existen instancias encargadas de garantizar la seguridad interna y controlar las fronteras. Ninguna de estas cumple sus funciones.
La agricultura familiar provee los principales rubros de la canasta alimenticia, no solo de las familias campesinas, sino también del resto de la población. La calidad de vida de un país depende de su capacidad para generar y distribuir los alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades de su población.
La agricultura familiar genera ingresos en los hogares productores, por lo cual constituye uno de los mecanismos fundamentales para la lucha contra la pobreza. Las familias que proveen alimentos al país, a pesar de su relevancia en el bienestar de toda la población, están entre las más pobres y vulnerables.
Una política dirigida a la agricultura familiar no es una necesidad solo para el campo, sino también para la ciudad. Todas las instituciones con competencia deben cumplir sus funciones, si no pueden hacerlo sus responsables deben renunciar.
