Por Rino Giret
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Tanto el procurador Roberto Moreno como el contralor Óscar Rubén Velázquez remitieron dictámenes al directorio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y al propio presidente Horacio Cartes, en los que advirtieron sobre las falencias e irregularidades del contrato de alquiler de un predio de 16.000 metros cuadrados, ubicado en plena zona primaria del Puente de la Amistad, que el ente portuario arrendó por más de 20 años a la empresa de un comerciante libanés afincado hace años en Ciudad del Este.
El contrato de locación fue suscrito el 24 de enero de 2013, tres meses antes de las presidenciales, por el entonces presidente de Puertos, Fernando Nicora López Moreira, y Nabil Bahjat Nasser, representante y propietario de Suisse Investment Corp SA. En su momento, el alquiler del predio fue denunciado como un negociado del gobierno de Federico Franco, atendiendo a que se trata de un terreno que pertenece a Puertos y que posee un enorme valor comercial y estratégico, a solo 50 metros del Puente de la Amistad.
El Directorio de Puertos analizó los dictámenes y el pasado 8 de julio aprobó la resolución N° 137, por la que decidió iniciar la rescisión del polémico contrato, aunque el caso se maneja con cautela por el temor a que el ente portuario se exponga a una demanda civil.
por las buenas Gregorio Lezcano, miembro del Directorio de Puertos, explicó que se busca llegar a un acuerdo mutuo entre las partes para rescindir el contrato, y que en caso que no fuere posible se recurrirá a una instancia de arbitraje, como está contemplado en el contrato de alquiler.
El contrato establecía que Puertos alquilaba por 23 o 25 años el predio de poco más de una hectárea y media y la firma del libanés se comprometía a edificar obras por 55 millones de dólares, consistentes en un shopping de 5 pisos y tres torres de 15 pisos para área comercial. El precio del alquiler fue fijado en 30 millones de guaraníes para los 5 primeros años, mientras se construyan las obras, y luego 280 millones de guaraníes hasta que finalice el contrato, que puede ser prorrogado por un plazo no menor a diez años.
La Suisse Investment Corp no logró tomar la posesión del predio, debido a que el sindicato de funcionarios de Puertos de Ciudad del Este se opuso a la concesión. Las obras no se iniciaron, pero la firma del libanés pagó regularmente el alquiler hasta ahora.
En definitiva, el polémico contrato de alquiler es una “herencia” que el gobierno de Cartes recibió de la era Franco.
El dictamen del contralor sostiene que “el contrato adolece de irregularidades tanto de forma como de fondo” y da a entender que se trató de un negociado al priorizar el interés particular sobre el general. “Puede concluirse que el objeto del contrato de locación no condice con el objeto establecido en la carta orgánica de la ANNP, considerando que las obras de infraestructura a ser realizadas tienen un fin netamente comercial”, se lee en el dictamen.
Un dato revelador del dictamen es que detectó que la Suisse Investment Corp registró pérdidas en el 2009 y 2010 y leve superávit en el 2011, según información proveida por el Ministerio de Hacienda, lo que determina “una capacidad económica insuficiente para llevar a cabo la operación planteada”, expresa el contralor, que agrega este hecho “se limita a emerger como parámetro de riesgo no tenido en cuenta” por la ANNP.