En el primer caso fue imputado por un perjuicio económico de casi G. 70.000 millones al Estado. El juez Gustavo Amarilla no pudo hasta la fecha fijar fecha para la audiencia preliminar, debido a que la resolución aún no baja de la Cámara de Apelaciones.
En tanto en el segundo caso que afronta por un desvío de G. 3.700 millones, no se pudo llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas por meras chicanas de la defensa.