En otras palabras, alegan que como la sede de la UNA está en San Lorenzo, al igual que la Facultad de Veterinaria, donde se investigan las irregularidades, es un juez de esa ciudad el que debe tener el caso.
Con ello, el expediente pasará a la Cámara de Apelación de Central, que deberá estudiar lo resuelto por su par de la capital.
Con esta resolución, podrían anularse todas las resoluciones dictadas en el caso, ya que tanto la magistrada Lici Sánchez como su colega Alcides Corbeta son de Asunción y no tenían competencia para tener la causa.
No obstante, el Tribunal de Apelación de Central podría también rechazar el caso. Así, se crearía un conflicto de competencia, por lo que será la Sala Penal de la Corte la que deberá decidir dónde se debe juzgar la causa.
ARGUMENTOS. El fallo del Tribunal de Apelación fue dividido. El camarista Gustavo Ocampos votó por hacer lugar a la impugnación de la jueza Patricia González y confirmar al juez Corbeta en el caso.
Dice que el juez, al inhibirse, no justificó la relación de parentesco con la abogada Zulma Fatecha, con lo que corresponde que siga en el proceso.
Por su parte, la camarista Bibiana Benítez sostuvo que la imputación contra el ex rector y los funcionarios fue por las irregularidades investigadas en el Rectorado de la UNA y la Facultad de Veterinaria.
Acota que ambos se hallan en el campus de la UNA, que está en San Lorenzo, por lo que la jurisdicción para juzgar a los acusados es de Central, y no de Asunción.
Añade que la ley determina que la competencia territorial no puede prorrogarse, salvo juicios civiles y comerciales, pero este es un caso penal.
El camarista Pedro Mayor Martínez votó en el mismo sentido, por lo que se declaran incompetentes, y el caso pasó a Central, sede San Lorenzo.
