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Mundo
martes 16 de agosto de 2016, 01:00

Procesan a tercer ex tesorero del PT por el caso Lava Jato

EFE

BRASILIA - BRASIL

El juez que investiga el escándalo de Petrobras aceptó ayer a trámite los cargos contra Paulo Ferreira, ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff.

Ferreira, quien dirigió las finanzas de esa formación entre 2005 y 2010, se ha convertido así en el tercer ex tesorero del partido fundado en 1980 por el ex presidente y antecesor de Rousseff, Luiz Inácio Lula Da Silva, que deberá responder ante la justicia acusado de corrupción.

Su antecesor, Delubio Soares, quien ocupó ese cargo entre 2000 y 2005, fue condenado a siete años de prisión por un escándalo de sobornos parlamentarios ocurrido durante el primer mandato de Lula. Ferreira fue sucedido como tesorero del PT por João Vaccari, que ya recibió una pena de 15 años de cárcel por su participación en las corruptelas en la estatal petrolera, que salpican a decenas de políticos y grandes empresarios del sector de la construcción.

LOS DELITOS. En el caso de Ferreira, los cargos aceptados por el tribunal se refieren a corrupción y blanqueo de dinero, por operaciones en las que está acusado de ayudar a amañar contratos con Petrobras a favor de empresas privadas que luego dividían parte de sus ganancias con la red de corrupción. El juez Sergio Moro, responsable de la investigación, informó de que también ha aceptado las denuncias formuladas por el Ministerio Público y la Policía Federal contra otras trece personas, entre las que aparecen empresarios y agentes financieros acusados de colaborar en el blanqueo del dinero.

El juicio que se iniciará ahora contra Ferreira golpea otra vez al PT, una de las formaciones más implicadas en el escándalo en la petrolera estatal, en momentos en que está centrado en la defensa de Rousseff, quien responde a un juicio de destitución por presuntas irregularidades en la gestión de los presupuestos.

La última fase del proceso comenzará el 25 de agosto y se prevé que durará entre 3 y 5 días, al cabo de los cuales el Senado decidirá si la mandataria es finalmente despojada del cargo.