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Política
viernes 29 de julio de 2016, 01:00

Prevén sanciones a oenegés que no rindan cuentas

Mientras por un lado los diputados salvaron de la intervención a la Gobernación de Ciudad del Este, ayer los senadores aprobaron la modificación de una ley que incluye sanciones a las ONG (organizaciones no gubernamentales) que no rindan cuentas sobre los recursos proveídos por el Estado.

La propuesta fue planteada por el senador cartista Derlis Osorio, quien en el momento del tratamiento ya no se encontraba en la sala al igual que la mayoría de los oficialistas.

El proyecto específicamente que fue modificado tiene que ver con la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público.

Se especificó que las oenegés, fundaciones y asociaciones que incumplan serán castigadas con 180 días de multa. Ahora, la normativa pasa a la Cámara Baja.

En su exposición de motivos, Osorio refiere que los montos de dinero público transferidos a entidades y organizaciones privadas son siderales, según la Ley del Presupuesto General de Gastos de la Nación, y la ejecución en innumerables casos derivó en hechos de corrupción, en connivencia incluso con los funcionarios públicos.

A modo de ejemplo, cita casos del Indert con el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides); Ministerio de Agricultura y Ganadería, con su programa de Desarrollo Rural Sostenible (Proders), y Senavitat con el Fondo Nacional para la Vivienda Social (Fonavis).

Además menciona a la Secretaría Nacional de Deportes, en torno a las transferencias a entidades deportivas.

A criterio del proyectista, llamativamente no se incluyó en la ley una sanción para las organizaciones privadas.

Considera que existe un vacío legal sobre el procedimiento sancionatorio y la ejecución de las resoluciones que imponen castigos, por lo que la Secretaría de la Función Pública no puede intervenir.

“Debe necesariamente existir un procedimiento previo a la sanción aplicada por la Secretaría de la Función Pública para garantizar el debido proceso constitucionalmente consagrado”, argumentó.

Hace referencia a que los sujetos de las sanciones serán los titulares de los organismos privados que reciban y administren fondos públicos, y que se establezca un procedimiento sumarial obligatorio para aplicar sanciones.