Los abogados de ambas instituciones públicas pidieron imponer costas a la demandada, en este caso la CGR, para que el organismo pueda cubrir los gastos requeridos del proceso, incluyendo los honorarios de los profesionales, que a la vez son funcionarios públicos.
Fuentes consultadas hicieron un cálculo preliminar y consideraron un eventual escenario. Por ejemplo, los abogados Esteban Sarubbi (jefe de Gabinete de MOPC) y Wilfrido Garay Cabral (Dinac) –que presentaron la acción ante el tribunal de cuentas– podrían recibir USD 7,5 millones en total (USD 3,5 millones cada uno) considerando el 5% del monto total estimado de la licitación. Vale señalar que la inversión estimada del llamado en cuestión es de USD 149 millones.
Finalmente, el Tribunal debe determinar el monto que percibirán los funcionarios de Dinac y MOPC –si se da luz verde al pedido– en concepto de honorarios, que saldrán de las arcas del Estado. El abogado Theodore Stimson, especialista en derecho administrativo, explicó que el rango de los honorarios van entre 5% y 20% (del monto que afecta la demanda) y que normalmente se plantea 10% como tasa.