Con los incrementos aprobados por las cámaras del Congreso al proyecto de Presupuesto 2017, el déficit fiscal se elevó al 1,7% del PIB, porcentaje superior al límite del 1,5% del PIB previsto por la Ley de Responsabilidad Fiscal, señaló el viceministro de Administración Financiera, Ramón Ramírez.
Indicó que con este panorama, el plan financiero del próximo año será más riguroso que en periodos anteriores, de manera a cumplir lo que establece la normativa de responsabilidad fiscal.
El proyecto de gastos para el próximo año elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso ascendía a G. 69,1 billones (USD 11.965,4 millones); pero la Cámara de Diputados lo incrementó inicialmente a G. 69,6 billones (USD 12.046 millones). En la Cámara de Senadores, el monto se redujo a G. 67,4 billones (USD 11.662,4 millones), al recortar la cifra destinada a la emisión de bonos del Tesoro.
Con lo decidido el martes pasado por la Cámara Baja, el proyecto de gastos quedó en G. 68,6 billones (USD 11.881,8 millones), aproximadamente.
Ello, atendiendo a que confirmó los ajustes salariales de entre el 10% y el 15% para docentes; de entre el 12% y el 18% para el personal de blanco; del 10% para funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); equiparación salarial para guardiacárceles del Ministerio de Justicia; bonificaciones para el Ministerio Público, entre otros.
Además, Diputados repuso el monto de emisión de bonos del Tesoro por USD 558 millones.
Impacto. Hacienda estima que el impacto de los aumentos aprobados para servicios personales (salarios, principalmente) para el próximo año será de G. 584.1000 millones (USD 101 millones). Estos aumentos no estaban contemplados en el proyecto original del Ejecutivo, y en algunos casos se abonarán recién desde el segundo semestre del próximo año.
“Sea cual fuere (el presupuesto que se sancione en el Senado), vamos a trabajar en un plan financiero ajustado a nuestras estimaciones de ingreso, y que precautele aquellos programas prioritarios, y que también dé previsibilidad a las entidades para poder encarar las acciones que estén programadas para el año que viene”, expresó Ramírez.
policías y militares. En relación con el rechazo al ajuste salarial del 7,2% para policías y militares por parte del Congreso, Ramírez dijo que será analizado, pues además de las alternativas financieras, se deben tener en cuenta las cuestiones de índole legal, tanto en materia de la ley del salario de las fuerzas públicas, su compatibilización con la ley que aprueba el Presupuesto y también con lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.
“En ese marco, vamos a analizar y vamos a estar evaluando una vez que tengamos finalmente definido cuál es la ley de Presupuesto que sancione el Poder Legislativo”, manifestó.
Según la Ley 4493/11, cuando se produce un aumento del salario mínimo legal en el sector privado, automáticamente debe incrementarse el de policías y militares activos y jubilados, de todas las graduaciones. El Congreso tampoco aprobó el ajuste para los funcionarios administrativos que perciben actualmente G. 1.824.055 (salario mínimo hasta noviembre).
“Lo importante es la señal que estamos proyectando de respeto y de encuadrarnos a lo que establece la Ley (de Responsabilidad Fiscal). Nos ratificamos en que vamos a hacer el máximo esfuerzo para que finalmente avancemos en ajustar a los topes cuantitativos que establece la Ley (de Responsabilidad”, expresó.
