Más allá de los efectos mediáticos que han adquirido, las versiones brindadas en entrevistas con medios de prensa por Jarvis Chimenes Pavão –actualmente preso en la Agrupación Especializada de Policía, condenado por lavado de dinero en nuestro país y requerido por la Justicia brasileña por narcotráfico– abren inquietantes sospechas acerca de presuntos nexos entre el Gobierno y el poder narco.
Evidentemente preocupado ante su próxima posible extradición al Brasil, una vez que se cumpla su condena en el Paraguay, el procesado Chimenes Pavão ha hecho llegar un mensaje que puede ser interpretado claramente como un intento de chantaje a las autoridades nacionales, al amenazar que si lo extraditan al vecino país hará público algunos documentos que confirman su intervención en algunos operativos realizados a nombre del Estado, y que incluso entregó altas sumas de dinero para financiar dichos operativos.
Concretamente, el empresario fronterizo asegura que respondió a un pedido hecho por representantes del Gobierno para negociar con miembros del grupo armado criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), gestionando la liberación del joven Arlan Fick, quien estuvo secuestrado en poder de dicho grupo, y que el propio Chimenes Pavão pagó el rescate para lograr que Arlan quede en libertad en diciembre de 2014.
Igualmente, Chimenes Pavão sostiene que también –a pedido de gente del Gobierno– aportó una cuantiosa suma de dinero como “colaboración” para la compra de equipos que serían utilizados por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la lucha contra el EPP.
De la misma manera, el procesado asegura que el actual ministro de Justicia, Éver Martínez, lo visitó personalmente en dos ocasiones en la celda en la que estaba recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, la que luego fue mostrada como una celda vip por los muchos lujos y las comodidades que poseía, lo cual contradice abiertamente con lo declarado por el secretario de Estado, quien asegura que desconocía totalmente la situación de privilegio que tenía Chimenes Pavão.
Aunque las versiones han sido negadas por el ministro del Interior, Francisco De Vargas, y por los ex comandantes de la FTC, los generales Ramón Benítez y Mario González, ha quedado instalada una fuerte sospecha sobre la existencia de nexos entre el Gobierno y el poder narco.
En tal sentido, las versiones dadas por Chimenes Pavão y sus abogados resultan graves y deben ser debidamente investigadas y aclaradas por la Fiscalía, por la Justicia y por otros organismos de control.
En un ámbito en que con frecuencia se denuncian nexos entre políticos y narcotraficantes, es necesario despejar todas las dudas que puedan comprometer al sistema democrático. No es admisible que un Gobierno deba pedir ayuda a un poder narco para ningún objetivo.
